Arturo Torres

La mordaza en el caso Odebrecht

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El juicio que investiga la presunta asociación ilícita de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, es considerado por la Fiscalía un tema que debe mantenerse en secreto, pues puede atentar contra la estructura del Estado.

Por pedido de la Fiscalía, el juez Patricio Baño declaró la reserva del proceso, apelando al artículo 562 del Código Penal, con lo cual la prensa no puede informar sobre el avance de las investigaciones. La decisión del juez llama la atención, pues se tomó cuando el caso ya estaba en la etapa de instrucción y es público, y no en la fase preprocesal de indagación, que es reservada.

En este mismo juicio, que es parte de los seis expedientes que investigan el pago de sobornos de Odebrecht en Ecuador, acaban de ser citadas a declarar 22 personas. Uno de ellos es el empresario Tomislav Topic, dueño de Telconet, que recibió contratos del Estado, y al parecer ha mantenido relaciones de negocios con Ricardo Rivera.

Según la Fiscalía, Rivera habría aprovechado de su parentesco con el Vicepresidente para concretar la entrega de contratos a Odebrecht, a cambio del pago de una comisión del 1%. Para la oposición, eso no se habría concretado sin la ayuda de Glas.

La decisión de blindar el proceso atenta contra el derecho ciudadano de acceder a información de interés público: la empresa brasileña celebró todos sus contratos con entidades estatales. Incluso los mismos procesados han pedido que se levante la reserva.

El principio de publicidad procesal tiene una doble finalidad: por un lado, proteger a las partes de una justicia alejada del control público, y por otro, mantener la confianza de la comunidad en los tribunales. Ese principio representa una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho.

La última década la colectividad perdió la confianza en las instituciones, sometidas al Ejecutivo. Las autoridades judiciales deben transparentar las investigaciones, para despejar las denuncias sobre su parcialidad con funcionarios del anterior Gobierno.