Walter Spurrier

Vuelve la participación

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wspurrier@elcomercio.org

El Ministro de Finanzas anuncia que se mantendrá invariable la política macroeconómica del gobierno anterior: no ajustar el gasto corriente, tratar de reducir el déficit con más impuestos. En contraste, el ministro Carlos Pérez se propone rectificar los errores en la política petrolera.

Uno de ellos es el tipo de contrato con las empresas operadoras. Los nuevos contratos serían de participación, no de servicios.

Los contratos de participación son los que rigen para la mayor parte de las operaciones petroleras en el mundo. El Estado y la operadora se ponen de acuerdo en qué porcentaje de la producción se lleva cada uno. Toda la inversión la hace la empresa. En épocas de bonanza, ambos ganan, el Estado por su porcentaje en la producción y el impuesto a la renta. En épocas de precios bajos, el Estado gana menos, pero gana, ya que recibe crudo libre de polvo y paja, y la operadora pierde. Pero a la operadora lo que le interesa es si gana durante la vigencia del contrato, sabiendo que en algunos años va a perder. Con esta modalidad, el gobierno podría conseguir empresas interesadas en firmar contratos de exploración y producción, poniendo fin a una década en que la política petrolera ahuyentó la inversión de riesgo en exploración. La ronda del Suroriente fue un fracaso.

Bajo Correa, el gobierno cambió los contratos de las empresas que operaban en el país de la modalidad de participación a la de servicios, lo que le permitió ganar más que con los de participación durante los años de bonanza. Para quitarle a las empresas el derecho a ganar más con mejores precios, tuvo que garantizarle un precio fijo por barril. Craso error.

Al caer el precio del petróleo, el Estado pierde, puesto que el pago que debe hacer a las operadoras es más elevado que el ingreso por la venta del crudo. En principio, las operadoras petroleras salen ganando, por estar protegidas del bajo precio por el pago garantizado de un valor fijo por barril. Pero como el fisco no tiene dinero, incumple y no paga a las empresas, las que reducen su inversión.

El Estado se gastó todo los ingresos producto de los altos precios, y ahora sufre apuros para pagar una deuda con las petroleras, que el Ministro ubica en algo más de USD 2 mil millones; nuestro estimado es que la suma es más elevada. En todo caso son al menos USD 2 mil millones que el Estado debe pagar, y no cómo.

Urge que las autoridades recuperen la década perdida en exploración petrolera, porque la producción tiende a declinar, complicando la salida de la recesión.

Además, las autoridades deberían acordar con una petrolera la exploración y desarrollo del ITT, dentro de las modalidades que contempla la ley de Hidrocarburos. Los trabajos de la primera fase, en Tiputini se contrataron bajo una modalidad inadecuada.