Miguel Rivadeneira

Amenaza contra el sistema de salud

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La educación y la salud pública, dos sectores fundamentales para el desarrollo, se parecen por sus fallas. Por eso, muchos, incluso autoridades y funcionarios, se ven abocados a tener a sus hijos en colegios particulares o llevarles a que les atiendan en consultorios y clínicas privadas, aunque políticamente critican. Ese es el doble discurso permanente.

Los problemas de la educación y la salud pública no se arreglan solo con más recursos, más unidades educativas, más hospitales, más equipos. Son importantes pero no los únicos. Se necesitan políticas de Estado, no de un gobierno excluyente, que evidencien resultados concretos en calidad y no solo en cantidad.

En medio de la acuciante crisis económica presentan un proyecto urgente de flexibilización laboral y pretenden aprobar en la Asamblea, en los próximos días, un proyecto que regula, controla y sanciona a las compañías de salud prepagada y de seguros de asistencia médica, que cubren a 800 000 personas, incluidos autoridades, políticos, legisladores, que aportan al IESS y no les sirve.

En defensa de la vida de los usuarios, los prestadores de salud complementaria deben ser controlados y evaluados. Así rige una ley, desde agosto de 1998, que regula el funcionamiento de las empresas privadas y de medicina prepagada y que obliga a la Dirección de Salud Pública a realizar estas tareas.

El proyecto obliga a los seguros a la cobertura total de las enfermedades preexistentes y catastróficas, que ni siquiera el Estado y el IESS, con todo lo que tienen, pueden cubrir (se dañan los equipos, se terminan los medicamentos) e incluye la atención obligatoria de trasplantes de órganos. Se establece la obligación de afiliar con cobertura inmediata de enfermedades preexistentes y quiere ser una ley castigadora, que puede quebrar al sistema de salud prepagada, que terminará afectando a los usuarios que se afilian ante la ineficiencia del Estado. Lo que pasa es que como no saben cómo financiar el alto gasto público buscan sacar de donde sea.

Lo grave es que el proyecto no se basa con claridad en estudios actuariales, financieros, estadísticos ni de frecuencias de las patologías. Se menciona una cifra de ingresos, que no concuerda con los datos oficiales de la Súper de Compañías, que exhiben las aseguradoras.

El Estado, en medio de la crisis, no puede deslindar sus responsabilidades directas, que dispone la Constitución, que dice que garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad a la atención especializada y gratuita en todos los niveles.

Según el decreto 543, de enero 2015, hasta que el IESS genere el fondo las enfermedades deben ser cubiertas por el Ministerio de Salud. La Ley del IESS habla de la protección a los discapacitados, financiada con la contribución obligatoria del Estado. El art. 103 también dispone la contribución obligatoria del Estado. Es decir, las normas abundan pero se incumplen.