Emilio Godoy

México: ¿menos impunidad militar ?

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10 de February de 2014 00:01

Tita Radilla espera con cierto escepticismo que los militares de México acusados de desapariciones forzadas empiecen a desfilar ante la justicia ordinaria.

Desde que su padre, Rosendo Radilla, fue secuestrado por soldados, en agosto de 1974 en el sureño estado de Guerrero, no pasó día sin que Tita indagara su paradero en la prensa, los tribunales nacionales y las instancias internacionales.

Su lucha llegó a San José de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado mexicano en noviembre del 2009 por violentar los derechos a la libertad y a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la propia vida de Radilla, un dirigente comunitario del Municipio de Atoyac, 400 kilómetros al sudeste de la capital.

"Es importante por todo el esfuerzo que se ha hecho. creemos que es un logro que los militares vayan a instancias civiles", dijo Radilla.

El martes 4, el Senado mexicano eliminó una reserva y una interpretación que México interpuso en el 2002 a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y que impedían a tribunales ordinarios juzgar crímenes cometidos por militares contra civiles, confinándolos al fuero castrense.

La solicitud de derogar esas disposiciones fue enviada al Senado en octubre por el presidente conservador Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como parte de los compromisos asumidos por México para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana.

Mientras otros países, como Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Uruguay, han avanzado para juzgar las desapariciones forzadas, esos delitos permanecen totalmente impunes en México.

El problema se agrava con la metamorfosis que este crimen experimentó en los últimos años, cometido también por milicias paramilitares, narcotraficantes y tratantes de personas. Algunas estimaciones indican que las víctimas podrían sumar 30 000 o más.

"En nuestros países las leyes no se aplican. Es demasiado lento el trabajo que se hace. No hay demandas penales, ni una persona detenida o juzgada", lamentó Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Afadem).

Otros activistas comparten su incredulidad. "Hemos escuchado muchas promesas que solo han servido para ocupar a muchas personas, sin que aparecieran nuestros seres queridos y sin juicios", dijo Martha Camacho, presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, estado del oeste mexicano.

Guadalupe Pérez, integrante de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos México), también es escéptico. La organización registró 561 desapariciones entre 1969 y el 2010.