Óscar Vela Descalzo

El Metro y el abismo

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Apesar de que en las últimas semanas se ha intentado mostrar una luz en el proceso de contratación del Metro del Quito, este proyecto sigue siendo tan oscuro e incierto como los túneles que, quizá algún día, atravesarán las entrañas de la ciudad.

La reciente decisión del Alcalde de continuar con la adjudicación de la fase 2 fue -por lo menos- sorpresiva. En especial, cuando se conoció públicamente que las cuatro ofertas presentadas superaban en varios cientos de millones de dólares (la más económica con más de USD 400 millones) la base límite de
USD 1 500 millones que se fijó como precio máximo de la obra.

Es importante señalar que los pliegos en base a los que los oferentes presentaron sus propuestas están sujeto a las condiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, por supuesto, también a las normas legales de contratación pública del Ecuador en lo que fueren pertinentes. También es necesario tomar en cuenta que la adquisición de compromisos económicos y el endeudamiento público están regulados por leyes y reglamentos ecuatorianos que no pueden ser modificados por normas BID.

En los pliegos referidos, por ejemplo, se dispone que se adjudicará la obra a la oferta más baja, obviamente siempre dentro del valor fijado por la convocante. También dicen los pliegos que la oferta no podrá variar a pretexto de ser aclarada o rectificada de forma sustancial. Los pliegos indican, además, que no se aceptará la corrección de desviaciones esenciales, porque ello perjudicaría las condiciones competitivas de los demás postulantes. De esto resulta obvio que este proceso no admite ninguna negociación con los oferentes, pues tal negociación rompería el principio de igualdad entre las partes y abriría un abanico de contingencias para el Municipio y sus actuales autoridades.

Otra de las fisuras legales y financieras de este proceso está precisamente en el precio final de la obra pues, además de sus elevadísimas ofertas, ninguno de los cuatro oferentes ha manifestado su disposición de hacer el Metro por un precio fijo y sin reajustes, algo fundamental a la hora de contratar una obra de esta envergadura que, en caso de que alcanzase las cifras escandalosas de las que se habla por ahí (2 500 millones y hasta 3 000 millones de dólares), se constituirá en un proyecto impagable, posiblemente desfinanciado y seguramente inconcluso en muy poco tiempo. En consecuencia, la única opción válida que tiene la administración municipal es la de declarar la anulabilidad del proceso (prevista como tal en las bases), puesto que ninguna oferta se ajustó al precio.

De este modo y de ningún otro debe concluir el proceso anterior. Solo entonces se podría volver a convocar a las empresas interesadas para que, utilizando los mismos estudios técnicos, presenten en un plazo corto sus ofertas a costo fijo y en condiciones más favorables para la ciudad.

La otra alternativa será como saltar al abismo sin red de protección …