En su afán por hacer algo y mostrar que el Gobierno sí se preocupa por la seguridad, el ministro del Interior, José Serrano, ha puesto en marcha otra medida: aplicar el plan de los Más buscados, ofreciendo recompensas de entre 5 000 y 20 000 dólares a quien informe del paradero de delincuentes altamente peligrosos.
Al igual que el patrullaje de las calles por parte de militares, el despliegue de fuerzas especiales de la Policía, el control de porte de armas de fuego o los operativos en lugares donde se expenden objetos robados, el plan de los Más buscados es, sin duda, una medida parche que no solucionará los problemas de inseguridad.
El pedir recompensa por la cabeza de un criminal se asemeja más bien a las prácticas aplicadas en el Viejo Oeste hace varios siglos y se identifica con el giro que ha dado el actual Régimen hacia posturas represivas de extrema derecha. Sin embargo, poco o nada hacen para rectificar los errores que han cometido en el ámbito de la seguridad.
Modificaron el Código Penal para tipificar delitos por meras contravenciones, promulgaron la política de libre movilidad, facilitaron la naturalización, refugio y asilo político de manera indiscriminada, han debilitado a la Policía Nacional y, como si fuera poco, hasta el día de hoy no tienen una política coherente e integral para enfrentar los problemas de inseguridad.
Mientras esto sucede, nuestro país está siendo tomado por organizaciones criminales internacionales y le está disputando a la ‘triple frontera’ como el lugar más propicio para realizar actividades ilícitas en América Latina.
Tomen en cuenta algo que es de especial importancia: la evolución y agudización del crimen organizado no se debe solamente a las características de estas organizaciones sino a la propia debilidad del Estado, situación que se ha agudizado después de cuatro años de “revolución ciudadana”. Como dicen varios especialistas, el crimen organizado no dejará de ser una amenaza mientras los Estados no se organicen y estructuren para contenerlo.
En lugar de aplicar medidas caducas y retardatarias del Viejo Oeste, les sugiero lo siguiente: primero, revisar la política de ‘libre movilidad’; segundo, impulsar cambios administrativos y de cultura organizacional que tienda a mejorar eficiencia y reducir corrupción en instancias policiales y otros estamentos del Estado; tercero, fomentar mayor presencia del Estado en áreas sensibles, a través de programas de saturación policial y de policía comunitaria, de construcción de capital social en áreas rurales y urbanas; cuarto, trabajar urgentemente en términos de Inteligencia; quinto, reforma y modernización sistema judicial. Esto no se logra con “meter la mano en la justicia”; sexto, incorporación del sistema informal a la economía formal; séptimo, políticas públicas que tiendan a atacar de raíz las causas de la inseguridad.