En el artículo inmediato anterior afirmé que se puede prescindir de abogados por años, pero jamás de un médico. Esto sucede a lo largo y ancho del mundo y merece incorporar, a esta realidad humana, a quienes ejercen el poder político.
Por eso Enrique Salgado, médico español, en el capítulo IX de su libro ‘La erótica del poder’ sobre Cumbre y Ocaso, analizó el subtema -la enfermedad del poder- después de esta premisa “es evidente que el poder produce enfermedad, tanto al disfrutarlo como al perderlo”, y situó los caracteres esenciales de los líderes apuntados por el profesor André Jouve en abril de 1974 ante la Academia de Medicina de Francia: “Hiperactividad, agresividad contenida, rigidez mental e intelectual, inquietud ante el futuro, estos son los rasgos que abundan más a menudo entre los enfermos coronarios que ante el resto de la gente.”
Quienes ejercen el poder siempre requirieron de médicos para continuar en su ejercicio. Lo prueba en Estados Unidos, Lyndon Johnson sucesor a la muerte de Kennedy, que al perder popularidad por la guerra de Vietnam, fue víctima de trombosis coronaria. Richard Nixon fue tratado de flebitis; Leonid Brezhnef en 1974 fue sometido a vigilancia médica por trastorno cardiovascular; Stalin por épocas afrontó problemas de salud, hasta psicológica, por sus trastornos alcohólicos, y por el suicidio de Nadia, una más de sus esposas, de tan solo 31 años de edad.
Ariel Sharon, exprimer ministro de Israel, murió hace poco después de un masivo derrame cerebral que lo aquejó ocho años antes. En Cuba médicos españoles salvaron la vida a Fidel Castro hace seis años cuando entregó el mando a su hermano; en Venezuela Hugo Chávez después de 14 años en el poder murió de cáncer; en Brasil, Ignacio Lula da Silva también padeció de cáncer a la laringe, y la actual presidenta Dilma Rousseff sufrió cáncer en el sistema linfático; Cristina de Kirchner fue operada de afección craneal y dejó el poder por más de treinta días.
La profesión médica es imprescindible para todos los seres humanos, más aún para quienes están en el poder por sus grandes responsabilidades. Por eso para evitar la mala práctica o impericia se deben ejercer severos controles desde los órganos que tiene el Estado. En esta posición estarán todos los servicios privados, pero fundamentalmente los hospitales de salud pública, así como los del IESS.
Al hacer de la mala práctica un delito penalizado, sin claridad de investigación y procedimiento, se abren las puertas de la prisión entre 1 a 5 años en nuestro Código Penal. Por eso, citemos el texto del cartel que se exhibe a la entrada de la centenaria Maternidad Isidro Ayora: “Somos profesionales que cuidamos la vida”.