Es indudable que la obra pública ha avanzado. Las vías han mejorado, la inversión social ha crecido, aunque hay cuentas pendientes en sectores básicos como educación, salud y seguridad, porque los resultados no demuestran aún cambios en calidad y calidez en la atención. En educación universitaria, es loable la entrega de becas a estudiantes para que se preparen en el exterior, aunque el proceso de reforma tiene cuestionamientos, porque ni siquiera cumplen a cabalidad las normas de la nueva ley.
Es indudable el notable esfuerzo en la recaudación de impuestos a cargo del SRI, que más que ha duplicado sus recaudaciones en esta administración. Es loable el esfuerzo realizado por el programa Socio Bosque, que ha logrado proteger a más de un millón de hectáreas y beneficiar a más de 126 000 comunidades y personas.
A pesar de estos avances, no se puede ocultar el sol con un dedo, ni los hechos de corrupción con engaños y farsas, que han existido en los diferentes gobiernos, pero en el actual se niegan y minimizan, aunque no les haya quedado más que reconocer tardíamente, con el argumento de que estaban investigando, pero la “prensa corrupta” se adelantó.
Una vergüenza haber engañado a todo el mundo durante 22 años (a confesión de parte, relevo de prueba) con papeles y título falsificados del primo del líder, pese a que días atrás le haya defendido. ¿Eso es revolución ética? Asambleístas oficialistas que se sumaron a su homenaje luego de bloquear la investigación. Y la administración de justicia y la Fiscalía, que constitucionalmente debieron actuar de oficio, bien, gracias.
Una vergüenza la “nueva justicia”, que con propaganda vende la idea del cambio cuando el informe de la veeduría internacional dejó al descubierto procedimientos irregulares que ha tenido. Una vergüenza los entes de control, la Función de Transparencia y el Consejo de Participación Ciudadana, que por mandato constitucional tienen que combatir la corrupción. ¿Qué pasa con otros grandes casos, como la valija diplomática con droga, sin detenidos? El caso Cofiec y Duzac, sin responsables. Con las irregularidades que denunció oportunamente la prensa sobre el Consejo de Transporte de Ricardo Antón -que confirmó y acusó la Contraloría, con contratos por millones de dólares, que el líder le defendió y hoy el asesor jurídico de la Presidencia pide su detención- no pasa nada.
Hay otros casos, como los come cheques del Ministerio del Deporte y la corrupción en comisarías y gobernación del Guayas, que están campantes con la contemplación de la “nueva justicia” y la Fiscalía.
Hoy quieren tener entretenido al país con el pedido de extradición del cadáver político que ejerciera la Presidencia, y que causara daño a miles de personas con el congelamiento bancario, mientras los actuales actos de corrupción disfrutan de impunidad.