Marco Arauz

¿Más ciudadanía?

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28 de October de 2012 00:03

Hay quienes exhiben como máximo argumento del progreso de los derechos en el Ecuador, a más de la incuestionable mejora de la cobertura en la atención básica en salud y educación, el progreso en la prestación de servicios públicos y el hecho de que haya más espacios en los cuales se puede denunciar maltrato, mala atención o mal uso. ¿Pero son todos esos avances sinónimos de más ciudadanía?

Es verdad que la atención al público es muy distinta a la de hace unos años. En eso no solo tiene que ver el sector público, pero es inobjetable que obtener una cédula, pagar los impuestos, cancelar servicios o recibir atención en las dependencias municipales se hace bajo un trato humano y menos discriminatorio que no se avizoraba en décadas pasadas.

Junto a los avances en la atención también se ha vuelto menos lejana la posibilidad de reclamar. Ahí están los innumerables servicios de atención al cliente o centros de llamadas para realizar denuncias sobre mal uso de vehículos o mal servicio. En algunos casos se le permite al usuario calificar la atención recibida. Las llamadas se graban para que quede constancia del tipo de servicio.

Convengamos en que hay una mejora en los servicios y la capacidad de protestar. Pero es más dudoso que haya un mayor ejercicio de los derechos ciudadanos. Sin contar con el hecho de que el Gobierno se ha apropiado del adjetivo ciudadano para nombrar a una de sus publicaciones oficiales, hemos pasado en los últimos años de una incipiente gestión de los derechos desde organizaciones ciudadanas, a un esquema en que el Estado se ha tomado políticamente toda la representación ciudadana.

Quizás el mayor ejemplo de esta cooptación es la quinta función del Estado, que obedece más bien a las lógicas y las necesidades del poder político antes que a la participación ciudadana. Nadie ignora el peso que tiene en la estructuración estatal.

Las representaciones de las minorías en dependencias como la Cancillería son administradas políticamente. Las veedurías son impulsadas y calificadas desde el poder. Los organismos de defensa de los derechos, cuando no se han callado solos, han sido molestados o silenciados por el Gobierno. Los medios públicos, que debieran pertenecer a los ciudadanos, los maneja en la práctica el Gobierno, y las frecuencias de los llamados medios comunitarios se dan por razones políticas; en tanto que se sataniza el derecho a discrepar y cuestionar que caracteriza a los medios privados.

En lo político, el voto sigue siendo una obligación cuyo incumplimiento comporta pérdida de derechos, y cuyo cumplimiento se traduce en endoso de poder, lo cual no es una gran noticia para el avance del ejercicio de la ciudadanía en una sociedad orientada a la filiación y que buscaba y sigue buscando a alguien que, en su nombre, ponga la casa en orden y mantenga funcionando la economía.