Mientras en el país nos ahogamos en conflictos de comisaría que peligrosamente escalan a formas de violencia física, en América Latina suceden hechos realmente importantes que marcarán la ruta política y económica de la región y del Ecuador en los próximos años.
Lo que hasta hace muy poco sonaba a futurología hoy es una realidad. Se decía que los principales conflictos y guerras del “futuro” serían por el agua. Hoy los principales altercados de la región son por el agua.
Un ejemplo de esto sucede en el Perú. En días pasados luego de recorrer 800 km culminó en Lima una “Marcha por el agua” iniciada en Cajamarca en protesta contra la destrucción de recursos hídricos ocasionada por la minería. El objetivo político de la acción era frenar el proyecto minero Conga que secará cuatro lagunas para extraer oro. En esta operación están embarcados capitales por el monto de USD 4 800 millones de la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura.
La marcha es un momento de un proceso de resistencia que ha levantado una ola de adhesión a nivel nacional de organizaciones indígenas y sociales que también sufren este problema. El Perú experimenta más de 200 conflictos sociales, la mayoría contra la minería.
La movilización expresa el crecimiento del descontento social frente al gobierno de Ollanta Humala que ha sufrido una baja sensible de su popularidad. El Gobierno experimentó una fuerte escisión de sectores de la izquierda, un acercamiento a la derecha y un eventual ejercicio autoritario.
En el fondo el conflicto es la disputa entre dos visiones distintas y radicales de desarrollo. La una es el “crecimiento” puro en base al extractivismo y la otra que alinea bienestar colectivo junto a una relación armónica con la naturaleza.
Humala apostó por el “crecimiento” cuya agenda es una continuidad de anteriores gobiernos que le han colocado al Perú como una de las economías más dinámicas de la región, pero altamente dependiente de sus exportaciones mineras, que representan cerca del 60% de su comercio exterior. Siendo así, el conflicto Conga pone en riesgo el curso económico adoptado amenazando frenar inversiones por USD 50 000 millones para los próximos años. En este escenario las visiones ambientalistas del desarrollo y los movimientos indígenas, campesinos, intelectuales y sociales que lo sustentan aparecen como los “principales enemigos” del trayecto oficial. Por tanto un escenario previsible es la represión contra ellos, la criminalización de su protesta, la restricción de las libertades y de la democracia y fortalecimiento de un Estado cada vez más autoritario funcional al modelo.
Si nos miramos en este espejo, ya podemos prever lo que se nos viene. Sin embargo, surge un gran interrogante: ¿Nuestras FF.AA. tradicionalmente democráticas respaldarán ese modelo y la represión?