Sebastián Hurtado

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18 de June de 2013 00:02

Algunos consideran que el líder chino Deng Xiaoping actuó acertadamente al aplastar las protestas sociales en la plaza de Tiananmen en el año 1989. Los "revoltosos" demandaban cierta apertura política que pudiera acompañar a la apertura y la liberalización económica que el Régimen comunista chino venía implementando desde 1978.

El Gobierno chino pensaba que la apertura política tenía el potencial de debilitar el poder del partido comunista, generar inestabilidad y descarrilar el proceso de reforma económica en marcha. Deng creyó que un férreo control político era esencial para eliminar el disenso y mantener la continuidad de las reformas, que ya empezaban a mostrar sus frutos y que más tarde transformarían la economía de esa atrasada y pobre nación, en una de las más grandes y dinámicas del planeta.

El mismo razonamiento se han hecho otros líderes políticos que han instaurado regímenes autoritarios con el fin de impulsar, sin dilaciones, una agenda ambiciosa de reformas. Los gobiernos de Lee Kuan Yew en Singapur, Park Chung Hee en Corea del Sur o Augusto Pinochet en Chile, en buena medida gracias a su carácter autoritario, consiguieron imponer reformas que permitieron a sus países dar un "salto cuántico" hacia el desarrollo.

Claro que hay ejemplos de lo contrario. Los casos de Cuba, Zimbabwe, Venezuela o Corea del Norte, prueban que algunos gobiernos autoritarios pueden arrastrar a las naciones hacia un despeñadero económico y social.

Pienso que la disparidad entre los resultados alcanzados por las naciones del primer grupo y las del segundo, radica en el hecho de que las primeras, al mismo tiempo que restringieron la apertura política, tuvieron la sabiduría de implementar reformas de apertura económica. Mientras que las del segundo grupo se empeñaron en multiplicar las restricciones, tanto en el ámbito político como en el económico.

Resulta claro que la "revolución ciudadana" en Ecuador comulga con la necesidad de que un Gobierno autoritario implemente, sin dilaciones ni oposición, las reformas políticas y económicas que considera esenciales para sacar al Ecuador del subdesarrollo. En ese sentido, la aprobación de una ley que pone bajo control estatal a todos los medios de comunicación, es un paso apenas lógico -aunque inaceptable dentro de un sistema verdaderamente democrático- para limitar el disenso y asegurar la estabilidad política, mientras se avanza en el mencionado objetivo.

El problema es que el Gobierno ha utilizado el poder político casi absoluto del que dispone, para implementar reformas encaminadas a restringir o incluso micro-administrar una cada vez mayor cantidad de actividades económicas. La combinación de restricciones políticas junto con mayores restricciones económicas, es una receta para el desarrollo que no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo.