Marcela Valente

Madres de la Plaza de Mayo

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21 de June de 2011 00:02

Más allá del impacto que pueda tener en las elecciones de octubre, pocos dudan de que el gobierno argentino de Cristina Fernández se verá afectado por el escándalo por fraude que involucra al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, beneficiaria de subsidios para viviendas sociales.

La última encuesta difundida por Enrique Zuleta Puceiro indicó que casi 53% de los entrevistados creen que el tema “reviste trascendencia y gravedad institucional y política” y no está circunscrito solo a la Fundación, creada por la organización de mujeres conformada hace 34 años en plena dictadura para reclamar por la vida de sus hijos detenidos ilegalmente.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo decidió a comienzos de este mes separar de la Fundación al apoderado Sergio Schoklender y a otros colaboradores suyos, luego de que la justicia les iniciara una causa por presuntos fraude y lavado de dinero en relación con fondos cedidos por el gobierno para construir viviendas con destino a erradicar asentamientos irregulares.

La denuncia fue elevada por la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que tomó las actuaciones contra Schoklender a instancias de una presentación realizada por dos legisladores de la oposición hace un año. Asociación Madres pidió luego al juez ser considerada querellante.

Por el momento, la pesquisa se centra en el apoderado de la fundación, en su hermano, Pablo Schoklender, y en varios socios, pero ya está operando también la Auditoria General de la Nación, dependiente del Congreso legislativo, y hay otra investigación para determinar si hubo funcionarios involucrados.

Sergio Schoklender se relacionó con Madres de Plaza de Mayo, tras dejar en 1995 la cárcel donde cumplió una condena por asesinar en 1981 a su padre y a su madre, en complicidad con su hermano. En cautiverio se recibió de abogado y psicólogo.

La justicia investiga el destino de unos 765 millones de pesos (unos 185 millones de dólares) transferidos por el Ministerio de Planificación Federal a los gobiernos comunales para pagar, contra la certificación de obra, las viviendas populares levantadas por la Fundación a través del programa Sueños Compartidos.

Este proceso judicial podría incluir la citación de la histórica presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, y salpica al gobierno de Fernández, que subsidia los proyectos humanitarios y sociales de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El acercamiento de Madres al gobierno del Frente para la Victoria comenzó con la Presidencia del hoy fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Fernández, a partir de su política a favor del esclarecimiento de los crímenes de la dictadura.