Por la velocidad con la que usualmente se mueven, los dos animales son mencionados como ejemplo. La liebre es veloz, puede pasar los setenta kilómetros por hora; y, la tortuga es muy lenta, a veces ni un kilómetro por hora.
En los tiempos que vivimos, a velocidad de liebre –y con más aceleración- se persigue a los que tachan de opositores, con procesamientos y allanamientos para llevarse equipos y archivos informáticos y documentación. Efecto inmediato es acceder a las pruebas que puedan presentarse contra los del gobierno, que fue el caso del allanamiento a la vivienda del investigador Fernando Villavicencio, tiempo atrás, o privar de los elementos de defensa, que sería el caso del reciente allanamiento –por 18 horas y barrida de todo- a las oficinas de Cedatos. En Venezuela, referente de lo que estamos viviendo, los que allanan agregan “evidencias”, por ellos armadas, entre lo que manipulan, para luego acusar que “las encontraron”.
En la sabatina de 8 de abril del 2017, Rafael Correa expresó: “Ecuavisa tendrá que responder ante la historia y ante la ley” (…) “esta señora Hidalgo mintió” (…) “Participación Ciudadana es corresponsable de lo que pueda pasar, esto no va a quedar en la impunidad” (…). Se refería a Ruth Hidalgo de Participación Ciudadana, que denunció con valentía que habían recibido hasta amenazas de muerte, en relación al conteo rápido de votos de la segunda vuelta, del 2 de abril.
En cambio, con lentitud de tortuga enferma se indaga contra la presunta corrupción que se desborda.
El Contralor Carlos Pólit, semanas atrás, expresaba su irritación porque candidatos en los sufragios del 19 de febrero del 2017 están con glosas e indicios de responsabilidad penal que pasan de un mil de millones de dólares. Pedía que se publiciten los informes por él presentados, el silencio del poder ha sido la respuesta.
Respecto a la entrega de USD 33.5 millones por el arreglo negociado con Odebrecht entre el 2008 y el 2010, nada significativo se ha hecho para identificar a quienes desde el gobierno habrían recibido ese dinero, cuando deben estar entre quienes ordenaron, los que suscribieron los convenios que serían fraudulentos y los que actuaron en el período indicado, facilitando la supuesta ganancia ilícita de más de USD 116 millones para la empresa brasilera, auspiciada y protegida por Lula en el Brasil.
En lo que la autoridad electoral se le va a “rebelar” a Rafael Correa es en cuanto al recontaje –por él ofrecido- de todo lo que reclame CREO-SUMA. Argumentarán algún resquicio para no recontar o disminuir a lo mínimo el número de registros a abrirse y así eliminar la posibilidad de que se llegue a un resultado diferente. La profunda deslegitimación de lo que se actúe es el riesgo.