León Roldós

Lenín, ¿qué después?

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Es la preocupación de la mayoría de los ecuatorianos que votarán sí el 4 de febrero, que son los que no votaron por Alianza País en las elecciones del 2017. Los que lo hicieron, una parte sigue con Correa y otra se juntó a usted.

Y la preocupación se da porque parte de los alineados a rajatabla meses atrás en el correato, infaltables en las sabatinas y hasta en los atropellos, aun cuando hoy estén en el entorno suyo, declaran y repiten que usted fue electo Presidente con un plan de gobierno para ser continuidad del gobierno de su antecesor.

Usted, ya Presidente, no confundió a Alianza País con el Ecuador y esto se le agradece.

En frases, ha sido sumamente crítico del “correato”. Mientras en la academia y en los foros se reflexionaba y denunciaba sobre el fracaso económico y ético de la supuesta revolución ciudadana, sobre todo por el evidente concierto para encubrir la corrupción y otras conductas ilícitas, como los atentados contra menores por “profesores” alineados dentro de ese proyecto político, usted resumió en una frase, pronunciada en Montecristi el 30 de septiembre del 2017, su valoración de ese proyecto: “ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada”.

A los supuestos contratos de preventa de petróleo con empresas de China y Tailandia, en procesos en que la corrupción se desborda, mintiéndose al decir que no generan endeudamiento con intereses y con posterior comercialización que parecería de argolla, denunciada hace años por Fernando Villavicencio – a quien invitó a su despacho semanas atrás y hoy 31 de enero recibe un homenaje en Quito- , los ha calificado de “leoninos”.

Pero, ahora Lenín, hay que pasar de las frases a la acciones.

Lo primero evidenciar su compromiso con la transparencia y con la verdad. Dos casos concretos:

Uno, urgentísimo, que se levante el carácter de información clasificada y reservada sobre los estudios actuariales de las instituciones del sistema de seguridad social y sus análisis, por 15 años, que fue declarada el año 2015, por la cual el año 2030, recién los podrían conocer quienes no están en el gobierno. Los trabajadores y los jubilados son los dueños de la seguridad social, por eso tienen derecho a conocer los riesgos que para ellos existen, por el indebido manejo de sus recursos.

Otro, que se deroguen los acuerdos del 2010 del Ministerio de Finanzas que declaran reservados a todos los procesos de deuda pública, hasta que se paguen. Tamaña sinvergüencería.

Las políticas de seguridad social y de obtención de recursos para el fisco y la economía, así como la activación de ésta, no pueden levantarse con cimientos sobre estiércol, porque eso significa la corrupción y la mentira de la década que debe quedar atrás.

lroldos@elcomercio.org