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15 de September de 2012 00:02

Los neo-constitucionalistas que dieron fundamento teórico a la nueva camada de caudillos populistas iniciaron su tarea haciendo la distinción entre legalidad y legitimidad. Argumentaron que la legalidad (institucionalidad) fue creada por la partidocracia, según sus conveniencias, y que el pueblo tenía todo el derecho a cambiarla. La configuración de las relaciones legítimas de poder nació en el siglo XVIII con el liberalismo democrático. Rubén Martínez Dalmau, uno de los neo-constitucionalistas españoles que han influido en América Latina, dice que la esencia de esta legitimación está en la diferenciación entre gobernantes y gobernados y la idea de que todo poder reside en el pueblo.

El pueblo, como constituyente puede cambiar lo constituido, es indudable; por ello fue posible elaborar nuevas constituciones en América Latina; pero hay un problema: al cabo de cierto tiempo, cuando las revoluciones envejecen, es aplicable a los regímenes refundadores el mismo argumento que ellos utilizaron. La Revolución Ciudadana dice ahora que, desde el inicio, la Constitución tenía cosas absurdas que fueron toleradas, no por respeto al pueblo, sino como concesión a los amigos de entonces; se alude a la explotación minera y los artículos 57, 61 y 151 de la Constitución.

El argumento de la legitimidad le resultó muy útil en la etapa de demolición de las instituciones democráticas, pero ahora la Revolución es la que carga el muerto porque ha cometido tres pecados mortales contra la democracia liberal. El primer pecado es manipular la voluntad popular para hacerle creer que impone su voluntad cuando está, en realidad, legitimando los intereses del gobernante o del partido. Si el pueblo es manipulado, suplantado y engañado mediante la publicidad o la desinformación, no hay práctica democrática sino palabrería vacía.

El segundo pecado es quitarle al pueblo la confianza que debe tener en el proceso electoral. Cualquier manipulación, enredo, inoperancia o intención soterrada en la organización electoral ensucia la legitimidad del poder político. No hay democracia sin autoridad electoral independiente, eficiente y transparente.

El tercer pecado contra la democracia es judicializar la protesta social. Si el pueblo es el dueño del poder y ante quien deben rendir cuenta los administradores, no caben los controles policiales sobre el reclamo popular. Martínez Dalmau cita la constitución francesa de 1793: "Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes". La legitimidad del poder político se pone a prueba en cada elección porque en ella se advierte si es el pueblo el que habla por boca de los gobernantes o son los caudillos, ventrílocuos que hablan haciéndonos creer que habla el pueblo.