28 de July de 2010 00:00

Legislatura castrada

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Sebastián Mantilla Baca

Es realmente indignante y vergonzoso lo que sucede actualmente en la Asamblea Nacional. No solo que ahora la legislatura ha dejado de fiscalizar sino que incluso ha perdido su capacidad de promulgar leyes. ¡Qué irónico! Está castrada por el señor Correa y su círculo rosa.

Lo ocurrido el pasado domingo en torno a la reforma a la Ley de Hidrocarburos es prueba de ello. Al parecer, todo estaba fríamente calculado. La bancada de gobierno boicoteó la instalación de la sesión del pleno, permitiendo que estas reformas fundamentales para el futuro del Ecuador pasen por el ministerio de la Ley.

Tuve la oportunidad de estar presente. Fue un espectáculo realmente bochornoso. Mientras un grupo de asambleístas presionaba al presidente de la legislatura para instalar la sesión, los de Alianza País -siguiendo el guión previamente acordado- permanecían en una de las salas del primer piso recibiendo instrucciones de Patiño y Mera. Cuando todo estuvo consumado, en una rueda de prensa a través del jefe de bloque dieron lectura de un documento que no tenía pies ni cabeza. De alza manos pasaron a ser entes, autómatas, borregos.

Si en realidad se jactan de ser críticos, debían haber archivado o devuelto al Ejecutivo este proyecto de ley por ser inconstitucional, improcedente y, sobretodo, lesivo a los intereses del Estado.

El Art. 136 de la Constitución y el art. 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipula que los proyectos de ley deberán ser sobre una materia. El proyecto de reformas enviado por el Ejecutivo y que entró en vigencia versa sobre tres: hidrocarburos, laboral y tributos.

A esto se añade la ilegalidad de modificar una ley orgánica a través de una ordinaria, de crear una Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (algo no contemplado en la Constitución), de entregar a dedo contratos y campos a empresas estatales y extranjeras, entre otros aspectos. Aquí han prevalecido criterios políticos e intereses económicos particulares sobre aspectos jurídicos sustanciales.

Dejando de lado el tema de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, preocupa que, de hoy en adelante, cuando el gobierno no tenga mayoría en la legislatura, los proyectos de ley queden en el limbo (como la Ley de Aguas) o terminen por aprobarse a través del ministerio de la Ley.

La Asamblea no está cumpliendo sus funciones de legislar y fiscalizar. Ante esta situación, la alternativa no es la muerte cruzada que dará mayores poderes al ejecutivo y será motivo de una mayor crisis institucional. La opción debería ser la destitución de los legisladores. Esto está poco claro en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A esto ha llevado el fallido proceso de la ‘revolución ciudadana’.

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