Latinoamérica está absorta, varios expresidentes y altos funcionarios han sido sentenciados. Aquí se denunciaron hechos sórdidos, desde hace unos años, las autoridades hicieron caso omiso y en actitud incomprensible o sospechosa, en lugar de escuchar a los denunciantes, les persiguieron, enjuiciaron, violentaron sus viviendas, les maltrataron, mermaron su pequeño patrimonio, obligándoles a pagar multas a los poderosos y muy bien remunerados demandantes; tuvieron que ponerse a buen recaudo. Simultáneamente, las máximas dignidades, en la década anterior, respaldaban públicamente, felicitaban y otorgaban homenajes a ministros, gerentes y más directivos a los que habían encargado varias mega transacciones, muchas concluidas exitosamente, de acuerdo al plan programado; más las denuncias se multiplicaban y algunos de estos “trabajadores ejemplares” fugaron, advertidos previamente y hoy, afanosos por convertir en veniales sus hurtos descomunales, delatan desde el exterior, trafacías y deshonestidades de quienes ha poco tiempo les rindieron pleitesía.
Unas pocas conspicuas representantes del movimiento que gobernó durante de la década de irrespeto y prepotencia, en la cual fueron corifeas de la grosería y de la imposición, no pueden concebir que el nuevo presidente haya devuelto la cordura y el diálogo a la sociedad y que ésta respalde el cambio que afirma la convivencia armónica orientada a fortalecer la decisión gubernamental de trabajar unidos para vencer la angustiosa situación económica en que se sumió irresponsablemente al país, al dilapidar los mayores ingresos que ha recibido el Estado en toda su existencia. Felizmente concluyó la atosigante inyección verbal de odio y revanchismo a un pueblo cándido e inocente, al que se le ocultó hábilmente la aparición abrupta de nuevos ricos entre los muchos adoctrinadores.
El país exige transparencia e investigaciones serias de todos los funcionarios actuales y anteriores que, de una u otra manera, han sido señalados local e internacionalmente como actores de estos hechos delictuosos. Mal hacen las dirigentes del movimiento de gobierno en impedir, por una absurda lealtad, que se concreten las averiguaciones, pues si los investigados demuestran su inocencia, darán fin a toda sospecha, de lo contrario la presunción de culpabilidad será el estigma indeleble del sospechoso. La coima es un delito y no un acuerdo entre particulares y afecta al tesoro nacional, pues los valores monetarios otorgados, como premio o reconocimiento, encarecen los contratos y las obras que el gobierno paga con los recursos que recibe del pueblo a través de los impuestos y contribuciones obligatorias. El concierto social respalda la lucha anticorrupción y la posición expectante y prudente de los presidentes de la República y de la Asamblea, así como la de muchos alegisladores leales con la dignidad de la patria. ¿Se defiende al país o a la corrupción?