Las decisiones del presidente Lenín Moreno en el Gobierno no dejan de ser desconcertantes. La última es la designación de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta encargada, en reemplazo de Jorge Glas, quien tiene prisión preventiva en el caso Odebrecht.
En las últimas semanas el Presidente no ha dejado de criticar a su antecesor Rafael Correa por haber perdido el rumbo y quererse perennizar en el poder. Precisamente, una parte medular de la consulta es la eliminación de la reelección indefinida.
Vicuña, como asambleísta de Alianza País, votó en el 2015 a favor de la reelección y es conocida por su cercanía con el expresidente. Su padre Leonardo Vicuña, es uno de los mentores de Correa, a quien apoyó desde el inicio de su gobierno a través de su movimiento Alianza Bolivariana Alfarista.
Por estos antecedentes, no deja de ser un contrasentido que ahora Vicuña, quien también ha sido criticada por haber divulgado correos privados de Martha Roldós, sea la encargada de impulsar la consulta.
También fue sorpresivo que entre las preguntas de la consulta no se haya incluido la cesación de las autoridades de control -tan demandada por la sociedad-, nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana, afín al correísmo. Aquí, sin duda, primaron los cálculos políticos sobre la viabilidad de la consulta en la Corte Constitucional y en el Consejo Nacional Electoral. Por lo pronto, esas autoridades ganaron tiempo y fallarán, sin duda, a favor de la consulta y su organización. Sobre sus cabezas pende una espada de Damocles: la permanencia en sus puestos dependerá de una evaluación a cargo del Consejo transitorio de Participación, que si lo estima pertinente podrá removerlos.
Moreno dio un paso para desmantelar la estructura que por una década montó su predecesor. Aún está por verse cuán lejos llega su propuesta, que necesariamente debe contar con el respaldo coyuntural de funcionarios cercanos a Correa y de su movimiento sumido un divisiones intestinas en la Asamblea.