Inés Benítez

Justicia universal

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5 de March de 2014 00:02

La aplicación de la jurisdicción universal tiene sus días contados en España, por un proyecto de ley que supondrá el sobreseimiento de más de una docena de investigaciones abiertas en los tribunales de este país y hará muy difícil abrir nuevas causas por delitos que afecten a toda la humanidad.

El gobierno derechista de Mariano Rajoy y el gobernante Partido Popular (PP) impusieron una tramitación de extrema urgencia en el Parlamento a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, gracias a su mayoría absoluta, y avanzan con celeridad para poner un candado a la justicia universal en uno de los países que más la ha aplicado. Con el rechazo de todos los partidos de oposición, el 11 de este mes se presentó una proposición de ley con ese fin, un mecanismo que evita la solicitud de informes y otros trámites, y el día 17 el Ministerio de Justicia pidió al Congreso legislativo medidas para acelerar aún más el proceso. La proposición se tramitará por el procedimiento de urgencia y en una sola sesión plenaria, según se decidió el jueves 20, otra vez con los únicos votos del PP, lo que confirma su pronta entrada en vigor.

Si se aprueba, "España se convertiría en el paraíso de la impunidad", alertó a IPS el experto en jurisdicción universal de Amnistía Internacional, Ignacio Jovtis. Para el activista, la proposición "no limita el principio de justicia universal, sino que lo hace desaparecer".

El principio de jurisdicción universal atribuye a los tribunales nacionales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de sus autores y víctimas, atentan contra el conjunto de la comunidad internacional.

La reforma es criticada por más de un centenar de oenegés e instituciones nacionales e internacionales, que el miércoles 19 indicaron que su aprobación "supondría un golpe devastador para la jurisdicción universal y una violación de las obligaciones internacionales de España".

La urgencia se manifiesta después de que el 10 de febrero un juez de la Audiencia Nacional dictara órdenes de detención internacional contra cinco antiguos dirigentes del Partido Comunista Chino, por genocidio, tortura y crímenes de lesa humanidad durante la represión del pueblo tibetano, entre los años ochenta y noventa.

"Es una reforma ad hoc para cerrar casos incómodos para España", opinó la abogada y directora ejecutiva de Rights International Spain, Lydia Vicente Márquez.

Los requisitos que impone la reforma son "imposibles de cumplir" para los tribunales españoles que quieran investigar y perseguir crímenes de genocidio, lesa humanidad o de guerra, de naturaleza universal.

Cuando se apruebe, los jueces españoles solo serán competentes para investigar esos delitos cuando "el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida en España o que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada".