Aunque creo que hacer un referendo para preguntar a la población sobre temas como la reestructuración del sistema judicial puede ser un error y un contrasentido, coincido parcialmente en la lectura que hace el presidente Correa: la justicia en crisis.
Evidencias abundan. El desempeño irregular, por no decir corrupto, de ciertos jueces hizo que individuos implicados en sonados casos de narcotráfico, lavado de activos, asesinato, peculado y enriquecimiento ilícito hayan salido en libertad o que sus juicios fueran cambiados de manera sospechosa. Me refiero a los casos Filanbanco, Reyes Torres, Cabrera (hija del ex Notario), Guañuna, Olmedo Bermeo, César Fernández, Nuques, ex Ministro de Deportes y Andrade Gutiérrez.
Tal es el nivel de crisis que, entre enero de 2007 a agosto de 2010, 4 320 detenidos quedaron en libertad por caducidad de la prisión preventiva. Esto evidenciaría una falta de agilidad d de los jueces para tramitar los procesos. Sin embargo, el problema no solo es de ellos. Muchos juicios no avanzaron por la suspensión de las audiencias. De las 61693 audiencias convocadas entre diciembre de 2009 a noviembre de 2010, casi la mitad, 30 096, no fueron realizadas. Motivos: 1 295 porque los detenidos no fueron trasladados a tiempo a los juzgados, 1 497 porque los jueces estaban enfermos o capacitándose, 10 762 porque no compareció el fiscal, 5440 por artificio del abogado defensor, 3255 por ausencia de testigos, etc.
De los datos presentados, podemos concluir que la demora en la expedición de fallos -lo que provoca caducidad de la prisión preventiva- también ha dependido de los fiscales y del no traslado de presos a las audiencias. Me pregunto: ¿no es responsable también el fiscal Pesantes y el ministro de Justicia, Serrano, de quien dependen los centros carcelarios ? ¿Por qué razón culpamos de todo al poder judicial y no vemos qué grado de responsabilidad tienen otros operadores del sistema ?
Varios entendidos afirman que detrás de este “ensañamiento del presidente con la Función Judicial” hay un intento de “meter mano en la justicia”. Esto ya se produjo antes, justamente cuando después de aprobada la Constitución se seleccionó a los 21 integrantes de la Corte Nacional de Justicia. El problema es que ahora quieran tomarse absolutamente todo.
No comprendo por qué la hoja de ruta trazada en la Constitución ahora quiere ser reemplazada por un referendo. Si el procedimiento es que el mal llamado Quinto Poder -controlado por el señor Patiño- nombre a los miembros definitivos del Consejo de la Judicatura para que estos, a su vez, seleccionen a los nuevos jueces, ¿por qué Correa no respeta su Constitución y no confía en el camino trazado por él mismo?