9 de September de 2013 00:05

El irrespeto del poder

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Cesar Montúfar

El presidente Correa lleva siete años utilizando su poder para descalificar, humillar e insultar a muchos ciudadanos. Lo ha hecho de diversas maneras, utilizando decenas de calificativos; a veces de forma casual, en una sabatina o en el contexto improvisado de una entrevista; y otras por medio de cadenas nacionales o spots publicitarios oficiales. Se ha burlado de personas, en no pocas ocasiones ha expresado falsedades sobre ellas; pero en todos los casos ha afectado a su honra y reputación.

Al parecer, Correa desconoce que en democracia los funcionarios públicos tienen ciertas responsabilidades especiales a la hora de ejercer su libertad de expresión. A través de varias sentencias y opiniones, la Corte Interamericana de DD.HH., ha señalado algunas de ellas: Primero, los funcionarios públicos tienen el deber ineludible de pronunciarse sobre todos los casos, temas o situaciones de interés público relativos a sus funciones.

Su libertad de expresión no es solo un derecho sino también un deber; no podrían negarse a dar declaraciones o información, evitar entrevistas, abstenerse de responder preguntas que consideran incómodas, excluir a periodistas o medios de comunicación de sus ruedas de prensa, impedir que se les demande precisiones. Segundo, los funcionarios públicos están obligados a constatar los hechos y situaciones sobre los que versan sus pronunciamientos; tienen el deber de fundamentar y contrastar de manera razonable la información que difunden.

Al ejercer su libertad de expresión un funcionario público no puede decir lo que se le venga en gana; sus dichos deben tener base. Tercero, sus declaraciones no deben interferir sobre la autonomía de las autoridades judiciales. Atendiendo al principio de independencia entre las funciones del Estado, la expresión de ningún empleado público puede constituir una amenaza o presión, en especial, cuando se trata de fallos judiciales.

Cuarto, las declaraciones de los funcionarios públicos no pueden vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. En el uso de su derecho a expresarse, no importa su rango o condición, deben abstenerse por obligación de atropellar los derechos de otras personas. Quienes están a cargo del Estado tienen una posición de garantes de los derechos de los ciudadanos y sus declaraciones no pueden desconocer dichos derechos.

Siendo el Ecuador parte del Sistema Interamericano de Protección a los DD.HH., los pronunciamientos de la Corte Interamericana hacen parte de su bloque constitucional y, por tanto, son de obligatorio cumplimiento en el país. Los más altos funcionarios de este Gobierno deberían escribirlos en una plana unas 100 veces y acatarlos sin reparos. Hay un clamor que exige a las esferas más altas del poder respeto para los ciudadanos.

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