El Presidente Moreno es conciliador. Busca la coexistencia de posiciones antagónicas. Se trata de una cualidad en un mandatario. Lamentablemente no siempre es posible. El petróleo y la gran minería, y los activistas anti-petróleo y antiminas, tienen posiciones irreconciliables.
En minería, el Presidente busca darle a ambas partes lo que anhelan, y que vivan en paz.
Para satisfacción de la gran minería, el Presidente ratificó en su gabinete inicial a Javier Córdova, el único ministro titular que ha tenido el Ministerio de Minería desde su creación mediante reforma (que él propuso) a la ley de minería. Córdova fue el artífice de la apertura minera bajo Correa, con gran éxito. Con Moreno esta promoción internacional continúa.
El mayor escollo legal para la inversión es un rezago de la ley de cuando tenía sesgo antiminero, de un impuesto a las ganancias extraordinarias, no existente en otras legislaciones. El proyecto de ley tributaria que prepara el régimen incluye la derogatoria de dicho impuesto, tanto para minas como para contratos petroleros de participación.
Para satisfacción de los activistas, el Presidente planteó en la consulta dos preguntas que traslucían la preocupación presidencial que la legislación vigente no era suficiente para la protección ambiental ante la minería, y del Yasuní frente a la actividad petrolera.
Cuando los activistas reclamaron porque continuaban otorgándose concesiones mineras, el presidente ordenó el cierre del catastro minero.
Cuando protestaron ya que el ministro Córdova había inscrito concesiones después de la orden de cierre (concesiones otorgadas previamente), el presidente destituyó a Córdova y dispuso que se anularan cientos de concesiones.
Esto no colmó a los activistas. El martes pasado atacaron a Río Blanco, el primer proyecto minero en iniciar la producción. Con bombas molotov incendiaron parcialmente las instalaciones a la vez que se proclamaron víctimas de secuestro por parte de los trabajadores. Proclaman como objetivo librar al Ecuador de las actividades petrolera y de mediana y gran minería.
En todos los países hay activistas que comparte esta posición, y los activistas europeos financian movimientos afines en países emergentes. Pero en ningún país han logrado imponerse. En América, hay actividad petrolera y minera desde Alaska a la Patagonia.
Las posiciones son irreconciliables. El Presidente deberá definirse : el Ecuador ocupe su lugar entre los países que cuentan con gran producción minera, o si se va a distinguir como el país que da a la espalda a esa fuente de riqueza. Si lo segundo, basta hacerse de la vista gorda mientras los activistas sacan en quema, literalmente, a los mineros.
Si lo primero, dejar sentado que los daños a personas y propiedad no quedarán en la impunidad.