26 de January de 2011 00:00

Intrascendente

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Manuel Terán

Solicitar que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de poca relevancia nacional como las corridas de toros o los juegos de azar parecería un exceso en un país abocado a temas más urgentes y cruciales. Pero adicionalmente existe una pregunta que, una lectura cuidadosa, permite observar que induce a criminalizar conductas que son materia de cuerpos legales que no están directamente vinculados al ámbito penal. Es el caso de la consulta sobre si se debe o no sancionar con la privación de la libertad a los empleadores que no afilien a sus trabajadores al IESS. Al respecto hay que recordar que el último inciso del art. 327 de la carta política, que forma parte del capítulo referido al “Trabajo y la Producción” establece que “'el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley”. Como se puede observar, por si un acaso los que votaron a favor de la vigencia de esta Constitución no lo recordaren, ya se pronunciaron en su momento a favor de que el legislador, de creerlo conveniente, mediante ley, tipifique la infracción que violentaría el precepto constitucional. Surge entonces la pregunta: ¿para qué volver a requerir el pronunciamiento popular en un tema que directamente puede absolverlo la Asamblea?

Si se recurre a un mecanismo que debería ser excepcional y reservado para asuntos de gran importancia o conmoción nacional lo que probablemente suceda es que, con el tiempo, el hecho de acudir a las urnas fatigue a la población. Pero de otro lado se insiste en postulados para mantener en la memoria colectiva esa idea de lucha permanente entre el bien y el mal, perseguir y castigar a los perversos que engordan sus bolsillos a costa de explotar a sus semejantes.

Hay que matizar este punto. ¿Puede considerarse en este momento que las empresas del sector formal de la economía evadan esta obligación laboral?¿Acaso no se llega a entender que existe un sector empleador que cumple con la ley y las obligaciones que sostiene la economía del país? El problema está por otro ámbito: los pequeños productores como los agricultores que se desenvuelven en un mundo de informalidad por las condiciones de las actividades que realizan.

También existe otro escenario, el del trabajo doméstico en el cual, no pocos trabajadores públicos y privados, actúan a su vez como empleadores. Allí es más difícil el control y probablemente se cometen abusos. El asunto puede ser manejado con una normativa adecuada que pongan las cosas en su justo lugar. Que los empleadores se queden en su poder con los aportes descontados a sus trabajadores ya está sancionado por la ley. La falta de afiliación a la seguridad social también está severamente castigada. Estas inquietudes levantan la sospecha que los propósitos reales de llevar nuevamente al pueblo a las urnas, transitan por otros senderos.

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