Jorge León

Intocable y ganador con la justicia

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Se ha vuelto común que el Presidente ecuatoriano gane juicios. Sus defensores lo verán como positivo para darle aliento y razón, o al inverso, los oponentes se indignan, revelaría el predominio del Ejecutivo en la justicia. Reina el rechazo o la simple aceptación.

Sin embargo, es un error colectivo el pasar por alto un acto que crea huella en la vida colectiva, pues se repite que el Presidente está en juicios y los gana. No solamente recurre a la justicia para condenar a contrincantes o amenazarlos, sino que el Presidente, con precedentes judiciales en Ecuador, persiste en demandar sumas de dinero en los alegatos judiciales. Sin embargo, en el reciente caso, el Presidente no inició el juicio, sino un particular, el señor M. Palacios, al considerarse ofendido por insultos del Presidente que han lesionado su persona. El juez sin embargo, ante palabras difícilmente no ofensivas condena al demandante, ya que la defensa presidencial no considera haberlo ofendido, y considera que el demandante-culpable pague USD 40 000, entre otros por costes judiciales. Sorprendente.

Otra vez Ecuador vive lo que hemos llamado la judiciopolítica, ese recurso a la justicia para saldar diferendos políticos. En este caso podría argumentarse que el Presidente simplemente se defendió. Pero la causa se produce por las palabras presidenciales, y el Presidente ha argumentado contra el demandante en sus espacios presidenciales, descalificando la demanda en sus términos de rechazar a los contrincantes. De no ser judiciopolítica, el juicio debía ser completamente privado.

Pero aún en este caso, vale preguntarse si es legítimo que el Presidente entre en litigios legales. Hay países en que, no por la legislación sino por ética pública, al tener el Presidente fuerte capacidad de influenciar en la decisión o de algún tipo de amenaza contra el juez, velada o no, los mandatarios se inhiben de recurrir a la justicia por asuntos privados. También, la legislación protege al Presidente y a los electos para que no sean perseguidos judicialmente en el período de su ejercicio como electos.

Pero Correa ha preferido saldar disputas políticas en los tribunales, considerándose ofendido. Es ya notoria su capacidad de influenciar en los tribunales, así que estos actos borran con el codo lo positivo que pueda haber en la modernización que realiza su Gobierno para agilitar los procedimientos judiciales. Por ética, no debería realizar actos que ponen en juego el poder del Estado en su favor, ni devaluar así a la justicia, como muestra el resultado de este juicio. La judiciopolítica con dinero de por medio, es el peor y contradictorio mensaje para que la justicia sea creíble, y para que el Presidente no sea reconstructor de una nueva élite oligárquica, esa que acumula privilegios en detrimento de la igualdad ciudadana.