De la inseguridad ciudadana a la inseguridad vial. Mejores carreteras pero los accidentes no paran. Los datos reflejan los hechos que ocurren en las vías. El director de la veeduría ciudadana Justicia Vial, Guillermo Abad, ha sido categórico con el tema: la seguridad vial está en soletas pese a los recursos con los que se ha contado y se han entregado. Según los datos que revela, existe un promedio diario de 14 muertos y 150 heridos.
Gran parte del problema obedece a la impericia de los conductores, que no respetan la ley. El problema es cultural de inobservancia permanente de las normas y a veces los propios conductores son bravos cuando se les observa. Sin embargo, esto también pasa por la necesidad de mejorar los controles, sancionar con rigor y también poner en funcionamiento todas las herramientas adquiridas como los gps para el transporte público, que con tanta pompa se promocionó y se destinaron más de veinte millones de dólares.
En los últimos años se denunció corrupción en la Agencia Nacional de Transporte, creada por la nueva ley en agosto del 2008. Al menos en dos casos escandalosos: la compra de chalecos para motociclistas de pésima calidad, adquiridos en exceso e incluso con “sobreprecios terribles” como calificara públicamente el propio asesor jurídico de la Presidencia, pero queda como una tomadura de pelo cuando no pasa nada y persiste la impunidad. El otro caso: la compra de los gps para colocar en los buses y controlar el transporte público.
Las irregularidades fueron advertidas en su oportunidad por el Instituto Nacional de Contratación Pública y la Contraloría del Estado estableció serios indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, en la “nueva administración de justicia” en el caso de los gps la investigación preprocesal y procesal penal liberó de culpa. Lo más grave es que si en estos casos no pasó nada irregular que por favor tengan la bondad de informar ¿dónde están los gps, cuándo se colocan y cuándo empiezan a funcionar? Según Abad, mientras no se cumplan las disposiciones de la ley (al menos el 50 por ciento) no se podrá avanzar. El caso de las rutas y frecuencias que debieron revertirse en el transporte público. La enseñanza en el sistema educativo como estableciera la quinta transitoria de la ley. A esto se suma la denuncia que formula contra dirigentes de un sector de los choferes (de federaciones de transporte) que han sido elegidos asambleístas por el movimiento político oficial y por tanto cómo se fiscaliza a los conductores cuando ellos se transforman en fiscalizadores desde la Asamblea Nacional.
Si esto no cambia simplemente las cosas van a seguir mal, con la diferencia de que hay una nueva ley, más recursos, mejoras tecnológicas, pero como no se aplican ni se utilizan en su totalidad no sirven para nada.