Abelardo Pachano

Inquietudes nacionales

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
16 de June de 2012 00:03

1. ¿Se justificaba un rescate financiero de la magnitud del ocurrido en Europa con España?

No solo que se justifica sino que debía realizarse hace dos años cuando España tenía un acceso más adecuado y conveniente a los mercados internacionales. Lamentablemente, a esa época el gobierno sostenía la tesis de que su sistema financiero era muy sólido y las normas de regulación constituían un ejemplo para el mundo.

En esta ocasión, dadas las condiciones de la Eurozona, no tuvo otra opción que solicitar una línea de crédito a los países del Euro grupo para sanear los balances de las instituciones que perdieron una parte de su patrimonio como consecuencia de los malos activos adquiridos mediante créditos inmobiliarios u otras operaciones que no tienen posibilidad de recuperación total.

Se estima que el 30% del sistema financiero español está en estas condiciones y casi la totalidad corresponde a las denominadas Cajas de Ahorro, que fueron o son manejadas por los partidos políticos, los sindicatos y gremios. En general los bancos privados demuestran buenos estándares de solvencia.

La institución símbolo de la crisis es Bankia, que es producto de la consolidación de tres o cuatro cajas de ahorro, entre las cuales destacan la Caja Madrid y la de Valencia. Ahora es un banco público. La línea de crédito le puede servir para capitalizarse y con las utilidades pagar el crédito. Los últimos datos disponibles determinan una deficiencia de 23 000 millones de euros.

El monto de la línea de crédito del Euro grupo (100 000 millones de euros > 125 000 millones de dólares) representa un poco menos del 10% del PIB español y si bien cuenta con la garantía del gobierno, la obligación de pago la tendrán las instituciones rescatadas.

En España se estima que 20 millones de personas han invertido en empresas que se cotizan en bolsa y, específicamente en Bankia habrían más de 500 000 pequeños inversionistas. Muchos de ellos lo hicieron hace apenas nueve meses cuando se ofrecieron acciones bajo la oferta de que este banco consolidador de cajas era una buena opción.

Con estos datos, cuando se habla de crisis y se informa sobre pérdidas en las bolsas de valores, se puede ver la amplitud del efecto destructor de los patrimonios familiares.

2. ¿Encuentra alguna similitud entre el fondo situado para España y lo ocurrido en Ecuador en la debacle de varios bancos?

La idea central de la propuesta española es evitar un cataclismo bancario por los impactos múltiples que ocasiona en los depositantes, inversionistas -mejor conocidos como bonistas-, en la confianza, en el crédito y en general en el funcionamiento del sistema económico.

De las condicionalidades conocidas de la línea de crédito, que no son muchas pues se supone que se establecerán en las siguientes semanas, solo accederían a este fondo aquellas instituciones que demuestren capacidad de resolver su problema, se allanen a un proceso de reestructuración y consecuentemente sean viables.

Aquellas que no lo sean, deberán someterse a un sumario ordenado de liquidación. En otras palabras, el crédito no es un instrumento que garantiza a todas las instituciones y puede convertirse -de manera anticipada- en un subsidio público.

En el caso nacional, el proceso originalmente buscó o tuvo el mismo propósito con la expedición de la garantía general de depósitos -que igualmente ocurrió en Inglaterra hace tres años- que debía estar acompañada por una intervención oportuna y eficiente de las instituciones consideradas en riesgo. La creación de la AGD, la aplicación de programas de rehabilitación y la concesión de créditos con emisión de bonos por parte del Banco Central, completaban el paquete. Se entendía que con esos elementos podían evitarse las liquidaciones de algunas instituciones, pero las condiciones de la política económica llevaron -con posterioridad al feriado bancario- a la liquidación de bancos.

En esa etapa, lamentablemente la AGD no cumplió con el papel y la responsabilidad de recuperar los créditos de los bancos liquidados para con esos recursos cancelar a los depositantes y, dejó el peso de la crisis al Estado ecuatoriano.

En las estadísticas mundiales, el tamaño de la crisis nacional y el monto de recursos utilizados son muy parecidos al monto –en proporción del PIB- de España.

3. ¿Qué opina de los acuerdos para fortalecer la posición de varios países con miras al comercio con la zona Asia-Pacífico?, ¿debería estar el Ecuador allí?

Son iniciativas estupendas. Tremendamente convenientes para los países ribereños del Pacífico. Hay que reconocer que la cuenca de este mar va a ser el eje del desarrollo mundial de las próximas décadas. De eso ya nadie duda. China y los países asiáticos están recuperando su hegemonía perdida en el siglo XIX. Y casi todos ellos, los latinos y asiáticos están convencidos de las enormes oportunidades que brinda la intensificación de las relaciones comerciales y de todo tipo: culturales, políticas, sociales, económicas.

Es lamentable que el Ecuador se haya autoexcluido. El daño va a ser muy alto en términos de desarrollo y bienestar.

4. ¿Cómo fortalecer la lucha contra el narcolavado, ya que el Ecuador parece un país vulnerable por el entorno internacional?

Me parece que se ha avanzado bastante en esta lucha. Pero como siempre es necesario corregir algunos frentes: uno es el fortalecimiento del sistema judicial dotándole de leyes y atribuciones que tipifiquen estos delitos con sanciones equiparables al daño irrogado por parte de quienes realizan estas actividades y permitan tomar iniciativas para asegurar la sanción del procesado. Segundo, que los procesos judiciales sean eficientes, rápidos, no permitan dilatorias a fin de que la proporción de delincuentes sentenciados destierre la noción de impunidad que existe en la actualidad. En otras palabras que se sepa que aquí estos delitos se pagan y de una forma dura, ejemplar. Tercero, que exista una sola institución pública encargada de supervisar, controlar, regular todo tipo de investigación, informe, reporte vinculado con las actividades sospechosas y que, todas las demás se sometan a su dirección. Finalmente, sostener de forma activa una permanente coordinación con las instituciones privadas a fin de contar con un sistema de detección temprano.