Abelardo Pachano

Inquietudes nacionales

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5 de May de 2012 00:01

1. ¿Cómo podrían operar dos aeropuertos simultáneos en Quito como sostuvo usted en su artículo si los equipos de aproximación son costosos, se podría adoptar alguno emergente hasta tener suficientes vías de acceso?

Hay innumerables ejemplos de ciudades con dos y hasta tres aeropuertos funcionando simultáneamente. Técnicamente no hay dificultades insalvables u onerosas. Buenos Aires es una. Nueva York es otra. Río de Janeiro y Sao Paulo son otros ejemplos. Y en todas, las segmentaciones de atención se la hicieron precisamente por la distancia de su acceso, la frecuencia y tiempo de los vuelos a realizarse. Unos sirven para vuelos cortos o internos y otros para los de largo alcance.

Para la operación simultánea se requerirán ciertos equipos adicionales, no todos por cuanto cada aeropuerto necesita algunos específicos. Por supuesto se tendrá que invertir en ello y estoy seguro que el monto es inferior en mucho al costo extra de movilizar los vuelos internos al del valle que está prácticamente cercado.

Ahora bien, yo no planteo la operatividad permanente de los dos Mariscal Sucre, el viejo y el nuevo, sino por el tiempo necesario para resolver el problema de las enormes dificultades de acceso al aeródromo de Tababela. Y lo hago por cuanto es un problema creado por la indescriptible ineficiencia del Municipio de Quito que en 11 años no ha construido un kilómetro de la vía de conexión directa.

Como están las cosas, si se mantiene la idea de trasladar todo el movimiento aéreo, los problemas ya de por sí complejos de esta acción van a llegar a un nivel que podría ocasionar reacciones impredecibles. Es cierto que los cambios provocan desacomodos a veces incomprendidos, pero en este caso, la carencia de vías de acceso seguras, rápidas con tránsito predecible y tiempos razonables ocasionan un daño económico perfectamente cuantificable a todos los usuarios de esta facilidad. No solo a los viajeros sino también a quienes llevan o reciben carga, a las propias compañías de aviación, a quienes ofrecen servicios complementarios, a las familias de viajeros. En fin a todas las personas y actividades que demandan este servicio.

¿Se ha calculado este daño? Ninguna autoridad ha querido plantear el tema precisamente porque no conviene reconocer la existencia de este detrimento. Solo piensen en el costo hora de cada persona en llegar a su destino, el valor del transporte, los combustibles utilizados, la depreciación de vehículos, el mantenimiento, en fin los recargos extras a los normales que existirían con una vía expedita. ¿Quién paga esto?

La semana pasada se produjo un derrumbe en la zona del Chiche. La solución tomó 36 horas. Pregunto: ¿Cómo se llegaba al nuevo Mariscal Sucre en el caso de estar en funcionamiento? Por Sangolquí, usando la vía a Pifo con un recorrido de más de 60 kilómetros o por El Quinche con una distancia similar y un tráfico atroz. Ahí el tiempo de movilización con seguridad superaba las tres horas.

Las nuevas vías como la de Zámbiza o la que llaman Ruta Viva podían resolver el problema. Pero hasta ahora ni siquiera empieza el movimiento de tierras y, su construcción, si se la hace algún día, tomará no menos de tres años.

Para graficar aún más la problemática, en Cumbayá se construyen dos grandes centros comerciales que con seguridad incidirán en el volumen de tráfico y, en estos días se han iniciado los trabajos de un paso a desnivel con lo cual, para mala pata de los usuarios de esa vía, las condiciones, temporales por cierto, de movilización van a ser más precarias todavía.

Bajo esa realidad, el mantener operativos a los dos Mariscal Sucre luce lógico, recomendable. Por supuesto que tiene un costo, pero le toca asumir al Municipio, con el apoyo del Gobierno, pues tiene una responsabilidad evidente e incuestionable en la desatención de un problema que llega a cuestionar la razonabilidad de la nueva instalación.

2. ¿Qué se puede esperar de las conversaciones con Europa que se reanudan para buscar un tratado comercial con otro nombre?

Esperemos que se abra una oportunidad de negociación. No soy optimista por los temas involucrados y la posición poco flexible del Gobierno Nacional.

3. ¿Qué le parece la posibilidad de financiamiento chino para la refinería del Pacífico. Habría demasiada concentración de crédito?

La concentración ya existe y con este proyecto crecería a niveles que eran insospechables. De llegarse a un acuerdo se confirmaría la orfandad de opciones que tiene el país en los mercados formales cuyas condiciones a no dudarlo serían mucho más favorables. Ahora, esta dependencia tan pronunciada le resta capacidad de negociación al país pues está sin posibilidad de ver otras oportunidades y, obviamente, las condiciones financieras son onerosas para los intereses nacionales. Por esta vía ya se paga el costo de la declaración unilateral de ilegitimidad e ilegalidad de una parte de la deuda externa.

Si China decide financiar la obra, la deuda externa aumentaría de forma extraordinaria- digamos en por lo menos 10 000 millones de dólares- y con seguridad pedirá llevar adelante la construcción del proyecto con una tecnología posiblemente desconocida en el país y bajo un costo que no ha sido sometido a un concurso para determinar su pertinencia.

El valor agregado de la refinación y la tasa de retorno de este proyecto habría que verlo con cuidado pues el monto invertido frente al rédito económico no le hace atractivo. Además, nadie tiene la respuesta a la pregunta sobre la disponibilidad de petróleo para su procesamiento a la fecha de inicio de las operaciones, salvo que el ITT esté en explotación.

4. ¿Qué implica que se limite o controle las tarjetas de crédito de las empresas comerciales y sus tasas de interés?

Se las puso en las mismas condiciones de las tarjetas emitidas por las instituciones financieras. De hecho la norma legal existía desde hace algunos años y recién se la reglamenta.

5. La venta de autos no es indicador de crecimiento económico y mayor calidad de vida.

En parte así es y en parte confirma la tendencia sostenida de aumento del consumo como resultado de la explosión del gasto público. A esto se suma la disponibilidad crediticia derivada de la expansiva liquidez producida por la misma fuente.