18 de July de 2010 00:00

Los ‘incomprendidos’

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Marco Arauz Ortega

No lo dijo “cierta prensa corrupta”: la inseguridad ciudadana aumenta, la tasa de homicidios crece y la impunidad ha alcanzado niveles impresionantes. El sicariato, los linchamientos, el aumento de la actividad criminal relacionada con las drogas y otras formas de crimen organizado, la inseguridad y los homicidios en la frontera con Colombia, y la intimidación y asesinato de defensores de derechos humanos son agravados por un sistema de justicia penal disfuncional.

El texto es parte del informe del Relator especial para ejecuciones extrajudiciales de la ONU, quien contrasta estos desalentadores hechos con las acciones del Gobierno: reformas de largo alcance en renovación constitucional y protección de derechos humanos; reformas a instituciones claves y a las prisiones, expansión del gasto en el sector judicial y una variedad de iniciativas enfocadas a mejorar la situación de los más desventajados.

Sobre el sistema judicial, Philip Alston dice que éste consiste en un servicio policial que en pocas ocasiones hace una investigación seria de los homicidios; un servicio de investigación fiscal que parece más preocupado por las relaciones públicas que por la condena de los autores de graves crímenes, y un sistema judicial condenado casi de modo generalizado por su ineficiencia y mala gestión.

Ya hay voces de condena al informe. Como sucedió también cuando nos incluyeron en las listas del GAFI, debido a un grueso error interno, se dirá que se trata de hacer daño al país y que detrás hay una visión ideológica. El autor argumenta que se basó en reuniones con autoridades estatales de todos los niveles, organizaciones humanitarias, diplomáticos, líderes religiosos, testigos, víctimas, académicos y expertos independientes.

Solo habría tenido que mirar las cifras y constatar la realidad diaria, o ver las encuestas según las cuales la primera preocupación ciudadana es la inseguridad, aunque se diga que solo es una percepción. Pero hoy por hoy nos movemos a dos aguas: por un lado, se habla de una excelente arquitectura institucional, como la que defendió en Washington en estos días el Presidente de la Corte Constitucional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA; pero por otro lado el día a día dice otra cosa.

Como sea, parece que los sistemas internacionales hoy están más atentos a las libertades en el país. El Presidente del Congreso, quien defendió la ley de medios en el Diálogo Interamericano en Washington y también dio sus criterios sobre la ‘nueva institucionalidad ecuatoriana’ ante la CIDH, reiteró la invitación a este organismo para que visite el Ecuador.

De verdad hace falta que venga para que constate, por ejemplo, cómo la pretendida ley viola varios preceptos internacionales sobre libre expresión. Sería bueno que la ONU, que condenó al Gobierno italiano por su ley mordaza, también haga la tarea en el Ecuador.

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