Columnista Invitado

Fin a la guerra contra los niños

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Kevin Watkins /Project Syndicate
En este mes, hace 20 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas recibió un informe de la ex ministra de educación de Mozambique Graça Machel, que detallaba los efectos de los conflictos armados sobre los niños. En la documentación de un patrón de ataques sistemáticos e intencionales que incluían asesinatos, violaciones y reclutamiento forzado en grupos armados, Machel concluía: “Este es un espacio carente de los valores humanos más básicos... Hay pocos abismos más profundos a los que puede caer la humanidad”.

Machel estaba equivocada: una generación más tarde, la humanidad se desploma aún más profundamente en la depravación moral. Los niños que viven en las zonas de conflicto son blanco de la violencia a una escala sin precedentes y el elaborado sistema de las disposiciones de la ONU sobre los derechos humanos, diseñado para protegerlos, es violado con impunidad.

En el 20.º aniversario del informe de Machel, la comunidad internacional debe trazar una línea y detener la guerra contra los niños.

Esa guerra asume diversas formas. En algunos casos, los niños son objetivos en la primera línea: las violaciones, los casamientos forzados, la esclavización y el rapto se han convertido en tácticas estándar para grupos como el Estado Islámico en Irak y Siria, Boko Haram al norte de Nigeria, y sus contrapartes en Afganistán, Pakistán y Somalia. Matar niños por asistir a la escuela se considera una estrategia militar legítima.

En otros casos, los niños sufren ataques tanto del sector estatal como de actores no estatales. En Sudán del Sur, desde la erupción del conflicto en 2013, las fuerzas del gobierno y rebeldes han asesinado, violado y reclutado niños en grupos armados. Los ataques son tan brutales, sistemáticos y generalizados que es muy probable que cuenten con autorización política del más alto nivel. Y, de hecho, según un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicado este año, las fuerzas del gobierno sursudanés han estado fuertemente implicadas en esas actividades, lo que podría explicar por qué nadie ha sido responsabilizado por el asesinato de 130 niños en el estado de Unity en mayo de 2015.

Los niños son ‘daños colaterales’ derivados de la incesante erosión de las leyes y normas diseñadas para proteger a los civiles en las zonas de conflicto. En Siria, los niños que viven en Alepo, Homs y otras ciudades han sido atacados con bombas de barril y gaseados por fuerzas gubernamentales, en abierto desafío al derecho internacional. La santidad de las escuelas y los centros de salud es letra muerta: más del 25 % de las escuelas en Siria han sido destruidas u obligadas a cerrar.

Los líderes políticos en Arabia Saudí claramente consideran que la convención de Ginebra, el pilar legal para la protección de los civiles, es irrelevante.