Gonzalo Ruiz

Las manos y la justicia

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1 de agosto de 2014 00:00

El informe titulado ‘La independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana’ causó revuelo y reacciones de alto calibre.

El documento fue elaborado por tres instituciones: la Fundación para el Debido Proceso, Dejusticia -derecho, justicia, sociedad- y el Instituto de Defensa Legal.

Luis Pásara fue el experto responsable del documento que se puede consultar en su versión integral en la página www.dplf.org para tener una visión completa.

La reacción no se dejó esperar. Fue Gustavo Jalkh, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, quien descalificó el documento. “No tienen derecho a convertirse en censores de la justicia ecuatoriana”. Lo considera una recopilación de opiniones políticas. Es curioso porque a Gustavo Jalkh se lo considera un estudioso, académico equilibrado y atildado funcionario, que no suele perder su compostura.

Pero el documento no hace sino corroborar, para el estudio y observación de la comunidad mundial, la operación política de profundidad que el Gobierno propuso, planificó y consolidó con la consulta popular, para ‘meterle las manos a la justicia’.

La frase presidencial, repetida muchas veces, es la muestra de una justicia politizada y no cabe, por tanto, que ahora se tache al informe como una opinión política cuando ha sido el poder el que ha metido las manos, con toda su fuerza y destruyó la independencia de poderes. Pero no solo se metió las manos en la justicia sino en todas las instituciones de la democracia hoy controladas por un solo poder vertical y que no admite fisuras.

El informe toma para el análisis 12 casos emblemáticos, algunos relacionados con el 30-S, cuyo contenido obsesiona y atormenta al poder presidencial. Otros, atinentes a la protesta social y esa vocación del discurso por relacionarla con el terrorismo. También hay un énfasis clarísimo en la criminalización de la protesta social.

Y además los temas judicializados, que tienen que ver con el ejercicio del periodismo y los polémicos juicios ampliamente conocidos y debatidos, que llevan a pensar que, en efecto ,el poder quiere controlar los contenidos de los mensajes periodísticos, la investigación de los medios y la opinión.

Como parte sustancial del informe se estudian los cambios en la estructura de la justicia, con particular énfasis en los procesos en los que se analiza la conducta de los jueces y se destituye a varios de ellos después de ciertos fallos que han sido controvertidos o diferentes a los que la visión que emana del poder busca imponer.

El informe señala que: ‘El juez solo puede ser independiente cuando su nombramiento en el cargo y la permanencia en él no se hallan bajo el control de alguien que tiene interés en un pleito’.

Solo una justicia cuya ‘independencia se alimenta de la ausencia de interferencias’ garantiza el equilibrio de poderes y los pesos y contrapesos que tanto se critican.

Ayer como hoy la intromisión de la política en la justicia empaña la democracia.

Gonzalo Ruiz Álvarez