Sebastián Mantilla

Golpe al crimen

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21 de March de 2012 00:01

La Policía ecuatoriana acaba de dar un sensible golpe al crimen organizado. Juan Carlos Calle, cabecilla de uno de los carteles de la droga más poderosos de Colombia, fue detenido en Quito en días pasados. Calle, junto a sus hermanos Javier Antonio y Luis Enrique, lideran la banda criminal de “Los Rastrojos”.

De acuerdo a informes de la Policía Nacional, Calle vivía en el Ecuador desde hace 5 años. Era el encargado “de administrar los contactos internacionales para el paso de la droga desde Colombia y Bolivia hacia Ecuador”.

Esto evidencia un hecho que día a día se vuelve más real y patente: el Ecuador se está convirtiendo en las naciones unidas del crimen organizado.

En efecto, nuestro país no solo que es tránsito de la droga sino que incluso se ha vuelto en lugar ideal para realizar todo tipo de actividades criminales. Esa es la razón por la cual Juan Carlos Calle operaba desde aquí administrando contactos internacionales, realizando acciones de blanqueo de dinero y coordinando el envío de cargamentos provenientes de Colombia y Bolivia.

La captura de Calle, aunque es significativa, es solo una pequeña parte de toda la red organizaciones delictivas y criminales que operan en el Ecuador.

El informe de “Desarrollo Humano sobre Seguridad Ciudadana” de Naciones Unidas, menciona que hay 23 modalidades subterráneas del crimen organizado en América Latina: tráfico de drogas, lavado de activos, robo de vehículos, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, contrabando, entre otras.

Lo más grave de la expansión del crimen organizado radica no solo en el aumento de la inseguridad y la violencia: debilita a las instituciones del Estado e incluso a la misma sociedad. Eso es lo que sucedió anteriormente en Colombia y pasa actualmente en México de manera alarmante. Por ello, aunque hay que saludar la acción de la Policía, las acciones deben ser más globales e integrales.

En primer lugar, es necesario trabajar en una reforma institucional de los principales entes de la seguridad como son Policía, Fiscalía y poder judicial. Criterios como eficacia, transparencia y cooperación son claves. En segundo lugar, el trabajo que pueda desarrollarse en el ámbito de las leyes es importante pero en función de detener el auge del crimen organizado. En tercer lugar, es necesario que las instituciones de justicia y seguridad adquieran capacidades que les permita tener un mayor control situacional del delito, así como disponer de investigaciones ágiles. En cuarto lugar, todo esto no tendrá sus frutos si no tenemos políticas públicas coherentes, así como estrategias y planes que las viabilicen. La tarea es ardua, pero por algún lado hay que comenzar a trabajar.