Dimitri Barreto P.

La austeridad de las cuatro secretarías

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Como prefacio al anuncio del envío del tercer paquete tributario del 2016 a la Asamblea, Rafael Correa intentó dar señas de ahorro y ofreció el cierre de cuatro secretarías, en un año ya duro económicamente antes del terremoto.

La Secretaría del Poder del Mercado y la Secretaría de Economía Popular y Solidaria ni siquiera están registradas en el Sistema Oficial de Contratación Pública, al igual que la Secretaría Técnica de Alianzas Privadas, creada con la Ley de Incentivos en octubre.

De hecho, la Secretaría Técnica de la Junta de Regulación de Poder de Mercado es un ente con cuatro funcionarios del Ministerio Coordinador de la Producción, por quienes el Estado paga USD 14 281 al mes en sueldos. La Secretaría Técnica de la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario tiene cuatro personas en la nómina del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, con USD 9 589 para salarios (a marzo).

La institución más orgánica es la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades (Setedis), con 41 funcionarios con nombramiento y 183 bajo contrato, a la cual se destinan USD 205 899 al mes en salarios, organismo heredero de la Misión Manuela Espejo, una vez que Jorge Glas sustituyera a Lenin Moreno en la Vicepresidencia.

En el portal de compras públicas, la Setedis es la única, de las cuatro secretarías, con procesos contractuales en 2016: cinco en total, por USD 194 000, ninguno vinculado al apoyo a personas con discapacidad, sino a servicios de vigilancia, pólizas de seguro, Internet y correo.

¿Así se ahorra? La Secretaría de Comunicación dará por terminado, lo asegura Correa, el contrato para los enlaces sabatinos que en febrero suscribió por USD 1,6 millones, pero en el 2016 la Secom ha gestionado otros 18 contratos por USD 3,7 millones. La Asamblea, foro del Informe a la Nación, firmó este año un contrato de USD 305 376 para la telefonía móvil de los asambleístas (con sueldo de USD 5 008) y otro por USD 350 000 para difundir leyes. Sí. La reducción del tamaño del Estado es pertinente, pero no sirve sin austeridad en el gasto público.