Marcelo Ortiz

Concursos del poder absoluto

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Los concursos creados pomposamente en la Constitución Política vigente, parten de un círculo de poder administrativo cerrado, porque eliminan los caudales soberanos que tiene el pueblo, en los gobiernos democráticos. Configuran perfiles que, por un lado, intentan mostrar idoneidad, limpieza de procedimiento, pero que en la práctica, la anulan. A esta realidad condujo la aplicación del art. 207 de la Constitución, cuando entregó a siete personas, no surgidas del voto universal, para que integraran el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y procedieran a designar a las máximas autoridades del Estado. Así se rompía nuestra tradición democrática pluripartidista de toda la vida republicana cuando los Congresos tenían aquel poder.

Esos vocales omnipotentes fueron escogidos de las ternas elaboradas por “organizaciones sociales y de la ciudadanía”, que aparecieron de improviso, eso sí previa convocatoria hecha por el Consejo Nacional Electoral para elaborarlas, pero resultó una más de las farsas públicas, porque no se integró con los más ilustres cuadros de ciudadanía que posee el país, sino con personas fuertemente vinculadas al poder presidencial. Fueron posesionados por la Asamblea y allí continúan fortaleciendo al poder absoluto, enmascarado en concursos públicos.

Ese Cpccs despojó al histórico Congreso Nacional, de la capacidad jurídica de nombrar a los vocales del Consejo de la Judicatura, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal, al Contralor y al Procurador del Estado, a los superintendentes de Bancos, de Compañías, de Telecomunicaciones, y otros de esa jerarquía, como el extinguido Tribunal Supremo Electoral, hoy partido en dos: en un Consejo Electoral, y en un Tribunal Contencioso, como instancia de apelaciones; y, por último, a los vocales de la Corte Constitucional. Fijémonos bien en este conjunto de instituciones al servicio del poder absoluto presidencial, y al situar jefaturas, y la integración, llegaremos a la conclusión de que los concursos públicos están enmarcados en la necesidad de encontrar personas que aseguren una mayoría, y que cualquier oposición sea derrotada.

A partir de este enero de 2015, cuando todavía faltan dos años y medio para elecciones presidenciales y la Asamblea, con el riesgo inminente de reelecciones vitalicias, ya están listos los triunfadores de concursos para reemplazar a siete miembros de la Corte Nacional de Justicia. En 3 años se irán otros 7, y quedarán 7 ungidos por 9 años. En igual forma, se posesionarán dos nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral que funciona con 5, para las elecciones presidenciales y legislativas del 2017. También se reelegirá al Procurador por otros 6 años, y llegará el turno para escoger al Contralor.
Con estos elementos, nuestra soberanía popular, continuará en siete integrantes del Cpccs para siempre, hasta que otra Constituyente lo elimine. Por ahora hay que cumplir el art. 205: “En ningún caso la Función Legislativa podrá designar reemplazo” si hubiere algún consejero destituido. Todo queda en un círculo inexpugnable.


Marcelo Ortiz Villacís / mortiz@elcomercio.org