La temporada invernal que azota a buena parte de la costa ha puesto en evidencia al régimen de Rafael Correa. Da la impresión que el término “gestión del riesgo” es entendido solo en términos políticos y en cómo frenar marchas indígenas, de organizaciones sociales y la oposición que exigen un cambio radical al modelo extractivista, autoritario y poco democrático. Solo así se entiende que la contramarcha del pasado 8 de marzo haya recibido más atención del Gobierno que socorrer a los damnificados de la Costa ecuatoriana. Da la impresión que los 30 muertos, 3 000 afectados por las lluvias, 50 000 hectáreas de cultivos arrasadas, así como un número importante de vías, puentes y servicios públicos dañados, significan muy poco.
El gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ha actuado a destiempo. La emergencia para Manabí, El Oro, Guayas, Los Ríos y Loja se ha demorado demasiado.
Incluso las acciones que se han emprendido para mitigar los efectos del invierno en la Costa son limitadas. La respuesta ha sido pagar un bono de USD 90 a cada familia damnificada, previa la realización de un censo de las zonas que han sido afectadas. ¿Es esto suficiente para atender de manera adecuada a las personas que han sido afectadas por las lluvias, deslaves, inundaciones y deslizamientos? ¿No creen que es más lógico comenzar por determinar el nivel de afectación y evaluación de necesidades de cada localidad para emprender operaciones inmediatas de socorro y emergencia?
Tengo la impresión que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos no está preparada para asumir su misión y que en este caso particular ha sido desbordada por los acontecimientos. Una secretaria de este tipo debería tener la capacidad institucional suficiente para trabajar en prevención, reducción de riesgos y gestión de crisis, sin embargo, esto no es así. Si me apreciación es errónea, pregunto: ¿Qué acciones de atención inmediata se han canalizado a las personas que han sido afectadas por el invernal? ¿Qué planes de emergencia se han iniciado en las últimas horas? ¿Cuántas personas han sido evacuadas y dónde están siendo atendidas? ¿Qué ha hecho hasta el momento la SNGR con otras instituciones del Estado, organizaciones humanitarias, gobiernos locales, ONG y FF.AA.en términos de coordinación y ayuda a los damnificados?
La falta de respuestas y la inconsistencia del Gobierno en la gestión de riesgos deberían llevarle a recapacitar y emprender correctivos inmediatos. No puede ser que los temas políticos superen aspectos esenciales como la atención a cientos y miles de familias que han sido afectadas por las inclemencias de la naturaleza.