Oswaldo Jarrín R.

Gestión de la defensa

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25 de May de 2012 00:18

El reforzamiento de la capacidad operacional de las FF.AA. acreditaba la firme directriz gubernamental de no permitir en el futuro una nueva violación de la frontera como en el 2008.

La referida violación a la soberanía nacional recordaba al campamento clandestino de las FARC al que acudían estudiantes mexicanos de la UNAM, para realizar una investigación acerca de las “actividades culturales” de los guerrilleros, paralelamente a la reunión de Quito de la Coordinadora Continental Bolivariana, cuando se produjo el ataque colombiano.

A los pocos meses la Policía realizó el operativo Huracán de la Frontera en el que se incautaron de 4,7 toneladas de clorhidrato de cocaína acreditándose a la “red narco en que se implica a los Ostaiza que operaba en 7 provincias” con supuestas vinculaciones de un ex asesor del Ministerio de Seguridad Interna y Externa.

Las investigaciones aportaron evidencias de vinculaciones de los carteles de Cali y Sinaloa y además de la violación de las regulaciones de Aviación Civil del Ecuador, ante la permanencia de una avioneta que saliendo del Ecuador fue incautada en México por tener rastros de droga.

La avioneta accidentada en Manabí, por lo tanto no se sale de la tendencia creciente del involucramiento de redes nacionales con internacionales del crimen organizado.

El desbordamiento no es nada asombroso, si se considera que el Cosena, actualmente desaparecido, trató en 2000 sobre amenazas transnacionales y determinó una Política de Seguridad Nacional para la frontera norte, incluyendo reforzamiento militar, construcción de destacamentos, desarrollo socioeconómico con Udenor y apoyo del FOL de Manta, posteriormente suspendido, sin medir consecuencias y sin reemplazo equivalente en cooperación internacional.

La Policía, sin embargo de sus avatares, continúa con la cooperación internacional en su gran esfuerzo de desmantelar redes del crimen organizado; mientras la opinión publica mira estupefacta, cómo se mantiene reciamente la “ciudadanía universal” y se trata de reformar la ley para que las FF.AA. sean empleadas en tareas policiales de control de orden público, en operativos de prevención, control y restricción del delito, a discreción de los ministerios de ramo.

Para evitar una nueva violación de la soberanía es necesario guardar coherencia entre leyes, política nacional y planes de seguridad en los que las FF.AA. son actor protagónico, legal e insustituible ya que las nuevas amenazas no son susceptibles de disuasión. Requieren vigilancia, patrullaje, escudriñamiento y protección de aéreas estratégicas en forma permanente. Fronteras seguras significa protección ante el crimen organizado transfronterizo y una apropiada gestión de la defensa y la seguridad nacional.