IPS
La cumbre mundial sobre vivienda sostenible y los foros alternativos realizados por las organizaciones sociales cerraron sus sesiones en la capital de Ecuador con visiones contrapuestas sobre el devenir de las urbes y el cumplimiento de derechos.
Representantes de 195 Estados presentes en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) adoptaron el jueves 20 la “Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos sostenibles para todos”, tras cuatro días de deliberaciones.
La base de la declaración, conocida también como la Nueva Agenda Urbana, es la promoción del desarrollo urbano sostenible, prosperidad inclusiva, planeación y gestión del desarrollo espacial.
En ese documento de 23 páginas, las partes se comprometen a combatir la pobreza, la desigualdad y la discriminación; mejorar la planificación urbana; y construir metrópolis resilientes al cambio climático.
Académicos y movimientos sociales plasmaron sus concepciones sobre el desarrollo social y los entornos urbano y rural en dos foros alternativos, con críticas al modelo de construcción de Hábitat III y cuestionamientos sobre su aplicabilidad.
“Si uno ve la Nueva Agenda Urbana como la construcción de la cooperación internacional, acordada por los países y ejecutada por los municipios, que no han participado en su elaboración, va a caminar a una crisis, porque va a haber un desencuentro”, analizó para IPS el ecuatoriano Fernando Carrión, coordinador general del foro “Hacia un Hábitat 3 Alternativo”.
En ese foro alternativo, realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), unos 140 expositores de 32 naciones y 40 organizaciones de la región discutieron sobre el derecho a la ciudad, conjunto de derechos en el ámbito urbano; diálogo con gobiernos locales y movimientos sociales; vivienda y justicia espacial, término similar al derecho a la ciudad.
Hábitat III, la cumbre urbana organizada por ONU Hábitat cada década, y a la que asistieron unos 35.000 delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, universidades y empresas, desembocó en la guía para la actuación política en materia de asentamientos los próximos 20 años.
Fuera de Estados Unidos y Europa, América Latina y el Caribe es la zona más urbanizada del planeta, pues 80 por ciento de su población total de 641 millones de personas habita en urbes.
Al menos 104 millones de latinoamericanos
residen en asentamientos informales, mientras gen el mundo unos 2.500 millones moran en esas condiciones, según datos de ONU Hábitat.
Ese fenómeno de la informalidad supone un desafío en regularización de títulos de propiedad y dotación de servicios básicos, y se suma al menú de problemas como contaminación, tráfico creciente, crecimiento desordenado y desigualdad que azota a las metrópolis.