Los militares tienen toda una estructura montada en las zonas de desastre. Reciben, almacenan, organizan y distribuyen las donaciones para los afectados del terremoto (hasta ayer eran 22 754 albergados en Manabí y Esmeraldas).
Toda esta operación comenzó el 20 de abril, cuatro días después del sismo de 7.8 grados. Horas antes, esa tarea la realizaban los civiles a través de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC). No funcionó.
Las filas interminables comenzaron a aparecer alrededor de estos cuarteles policiales. Los damnificados se quejaron.
La estrategia cambió y en los informes de la Secretaría de Riegos consta que en las zonas impactadas trabajan 13 185 militares.
“Tenemos una estructura vertebral más organizada”, dijo ayer en Ecuadoradio la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, al referirse al trabajo de los soldados en la entrega de donaciones y la seguridad de 47 albergues.
Hace dos meses, las relaciones Gobierno-FF.AA. eran tensas. La polémica por el caso Samanes y un supuesto sobreprecio de USD 41 millones terminó con la salida inesperada de la cúpula. El Gobierno cuestionó y pidió terminar con las diferencias entre tropa y oficiales de las FF.AA.
Los roces con el personal en retiro se tornaron violentos y llegaron a las calles.
Se intentó que voluntariamente los soldados pasen a trabajar como guardabosques o agentes de tránsito, aunque esta iniciativa quedó eliminada el 22 de febrero.
Ahora, los soldados, movilizados con el estado de excepción del 17 de abril, suman más tareas: remoción de escombros y vigilancia. La Aviación del Ejército aportó 10 helicópteros y con esa flota realiza hasta 40 operaciones diarias: trasladan pacientes y rescatistas, llevan carpas, alimentos, agua. Incluso realizan tareas lúdicas con los niños y adultos impactados con el sismo.
En los puntos de impacto aparecen junto a policías. 7 256 de ellos también fueron desplazados desde todos los recintos del país.