19 de April de 2010 00:00

Fiscalización: peor que antes

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Miguel Rivadeneira Vallejo

Una de las críticas a este cambio de época se relaciona con la reivindicación de la nueva estructura constitucional y legal. No se pueden desconocer los avances de Montecristi en materia social, pero en lo político con gran pompa se cambió de nombre a la Función Legislativa. De Congreso Nacional, tan denostado por sus acciones y omisiones en el pasado, se pasó al nombre de Asamblea Nacional.

Una de sus tareas básicas es la fiscalización política (no judicial porque para eso están la Fiscalía y los tribunales de justicia). Frente a los altos niveles de corrupción en nuestros países, un sistema democrático se nutre del deber que tiene esta Función del Estado. La Constitución de Montecristi, art. 120, le obliga a la Asamblea a fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social y los otros órganos del poder público. Su principal figura es el juicio político, pero hasta ahora no se ha concretado ninguno pese a las acusaciones contra varios ministros, que se truncaron por acción de la mayoría. Transporte y Obras Públicas, de Electricidad y el último archivado contra el ministro de Defensa. Ahora se deshoja margaritas en el juicio planteado contra el Fiscal General; hacen cálculos políticos y personales (aquellos que tienen un pasado oscuro, cuentas pendientes con la justicia o indagaciones previas).

En cumplimiento de las normas constitucionales y legales, la Asamblea debería permitir que se cumpla esta tarea, más allá de los resultados, de las pruebas de cargo y descargo contra los procesados, que tienen derecho al debido proceso y la defensa, pero ni siquiera eso se puede concretar. Cómo se puede entender que el Ejecutivo salga a defender al procesado con el argumento de que el juicio es inoportuno, que las pruebas iniciales que le presentaron carecían de solidez y se transformó en juez de la otra función del Estado, en lugar de respetar su independencia y dejar que intervengan las diferentes instituciones. La Constitución, art. 147, le concede la atribución de cumplir y hacer cumplir la Constitución pero “dentro del ámbito de su competencia”.

En el Ecuador en lugar de mejorar el combate a la corrupción se entorpece más aunque se pretende reivindicar que se vive otra época. La ciudadanía debería exigir a los asambleístas que cumplan con la tarea encomendada, que no es discrecional sino obligatoria. De no cumplir con sus deberes, resultaría una verguenza luego de lo que tanto criticaron al pasado. Con ello se confirmaría que la Asamblea actual no se parece al Congreso anterior; ya no estamos como antes sino peor que eso, porque simplemente antes se fiscalizaba, con todos los errores, defectos y escándalos, pero se hacía. Hoy, proscriptos los juicios políticos. Es decir, estamos peor que antes en este campo.

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