Arturo Torres

Esos incómodos ambientalistas

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Es una paradoja. Alianza País llegó al poder en el 2007 con el apoyo, entre otros, de grupos ambientalistas opuestos al extractivismo y a las viejas prácticas de ‘empresas transnacionales depredadoras del ambiente’.

El discurso oficial, por ese entonces, enfatizaba en la defensa a ultranza de los activistas de la naturaleza. Una de las primeras decisiones de la Asamblea Constituyente, en Montecristi, fue declarar la amnistía de unos 700 dirigentes por haber sido injustamente criminalizados.

Sin duda eran otros tiempos. En la Constitución se estableció que la naturaleza también tenía derechos, lo cual es un hito en la región y el mundo. Pero con los años, el Gobierno se distanció de esas propuestas, dio un giro hacia posición pragmática, en la que prima la necesidad de explotar recursos, aunque eso implique renunciar a los postulados que lo llevaron al poder. En ese contexto la disidencia debía ser acallada. Las autoridades emitieron el decreto 16, para controlar a las organizaciones no gubernamentales.

La intención de disolver a Acción Ecológica por supuestamente desviarse de los fines para los cuales fue constituida hace 30 años confirma el giro.El Régimen acusa a esa Ong de promover la violencia en las protestas que grupos indígenas de Morona Santiago realizan contra la empresa minera Ecsa. En medio de este conflicto falleció un policía y hay varios dirigentes detenidos.

Acción Ecológica ha mantenido una posición firme de defensa de la naturaleza y realiza estudios psicosociales del impacto minero de Ecsa en Morona. Eso, sin duda, incomoda a la empresa china, que, según los ambientalistas, motivó la acción que impulsa el Ministerio del Interior, y tendrá un desenlace en estos días.

Más allá de que el Gobierno deberá garantizar un debido proceso y apegarse a evidencias, la existencia de grupos críticos del poder es fundamental en un estado de derecho. En una democracia madura no se silencian las voces de quienes piensan distinto.