La propuesta de estatizar la producción y distribución de marihuana ha dado relieve a un tema que lo merece. Puede que el Gobierno haya lanzado la idea para desviar la atención de otros temas más incómodos. Es seguro además que la propuesta fue lanzada sin la suficiente reflexión, como lo muestran las reacciones del ministro Fernández Huidobro y del ex presidente Tabaré Vázquez. Pero, aun así, la búsqueda de soluciones innovadoras ante la amenaza del narcotráfico merece prioridad.
Desde hace varias décadas, los Estados vienen perdiendo la lucha contra el narcotráfico. No pueden vencerlo, más bien ocurre lo contrario. Los narcos manejan cada vez más dinero y tienen una mayor capacidad de corromper a las instituciones. Controlan grandes territorios (Centroamérica) y hunden en la violencia a sociedades enteras (México). Colombia ha tenido logros, pero el efecto ha sido un desplazamiento del tráfico hacia otras regiones del continente. Esta dura realidad tiene varias explicaciones. Algunas tienen que ver con el propio poder del narco: es muy difícil que la justicia, la política y la policía se mantengan sanas si se ofrecen sobornos por centenares de miles de dólares. Otras razones están ligadas a la evolución del negocio: dado que los grandes traficantes tienden a retribuir a sus intermediarios con droga y no con dinero (debido al aumento de los controles contra el lavado), se crea una fuerte oferta local que ha terminado por borrar la distinción entre países de tránsito y países consumidores. Otras razones todavía tienen que ver con fenómenos de alcance masivo, como el debilitamiento de la familia tradicional o el deterioro educativo.
Este cúmulo de factores obliga a pensar nuevos caminos. Que el Gobierno lo entienda así está lejos de ser criticable. Lo malo es que lo haga con ligereza.
¿Tiene sentido poner la producción y distribución de marihuana en manos de una burocracia estatal que todos los días muestra su ineficiencia y su falta de control? Porque no estamos hablando aquí de un Estado abstracto, sino del uruguayo. El mismo que fracasó en reaccionar ante los indicios de que había enfermeros matando gente. ¿En esas manos vamos a poner la marihuana? ¿No somos capaces de controlar el stock de morfina pero pretendemos controlar el stock de esa sustancia?
¿Se ha pensado en los posibles efectos no buscados de esta política? Por ejemplo, ¿a quién exactamente se le va a vender? ¿Solo a los mayores de edad o también a los menores? Gran parte de los consumidores de marihuana está por debajo de los 18 años. ¿El Estado va a vender droga a chicos de 14? Es difícil de aceptar.
En lugar de alinearnos a favor o en contra de una propuesta poco pensada, los uruguayos nos merecemos un estudio fundamentado y sereno.