El gobierno y sus verdeflex celebran el último triunfo que vapuleó a su antes amado líder. En tiempo récord transmutaron de ser partícipes de una administración autoritaria, opaca y corrupta, a otra que se presenta como limpia, renovada y demócrata. Confiar es pedir demasiado.
Si los cambios y las promesas quedaran en sus manos –gobierno y Asamblea- son altas las posibilidades de enfrentar un fiasco. Solo la presión social, vigilancia y hasta la protesta pondrán en cauce el nuevo momento.
El país está gobernado por conversos, arrepentidos y quizás muchos caraduras. Hace muy poco, y aunque ahora aseguren que no sabían o participaban, fueron parte de una administración que demonizó y persiguió a los críticos, que mintió con descaro, abusó del poder y se manejó con total irresponsabilidad económica. Con Rafael Correa fueron obsecuentes y obedientes.
Según consigna EL COMERCIO, en una excelente herramienta que recoge los perfiles y declaraciones patrimoniales y fiscales del gabinete, 78 % de los actuales funcionarios fueron parte de la administración anterior y 57 milita en Alianza País.
Correístas y morenistas se acusan continuamente de traición y tienen razón. Hay traiciones, pero sobre todo incoherencia. Rafael Correa habla de dictadura y se queja de falta de libertad de expresión, dejando en evidencia, por enésima vez, que tiene la cara muy dura. En la otra orilla, están quienes abandonaron en tiempo récord su ideario autoritario al que juraron lealtad para transformarse en demócratas convencidos.
Tales antecedentes generan dudas y son, en
parte, la causa de las incoherencias del gobierno, que por un lado critica el antiguo manejo económico, pero por otro continúa la senda de más deuda y gasto. Que habla de derechos humanos y democracia, pero es ciego y sordo de la situación infernal de Venezuela.
Las autoridades prometen transparencia, pero ocultan bajo llave la situación del IESS. Hablan de nueva ética, pero tratan de engañar a autoridades de Gran Bretaña al dar nacionalidad y estatus de diplomático a Assange.
En tal escenario, cuesta mucho creer los discursos políticamente amables.
Dejar en los escritorios de burócratas y asambleístas verdeflex los cambios requeridos es garantía de fracaso. Solo la presión social, como en ampliar la zona de protección del Yasunií–los burócratas quieren ampliarla donde no hay perspectivas petroleras y las organizaciones donde sí las hay- y en la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, pueden garantizar el cambio.
El Presidente enfrenta hoy el reto de enderezar rumbo, cumplir con su palabra, renovar a su equipo, atender las demandas de la oposición -que siente que el triunfo en la consulta fue también suyo-, cambiar su política económica y escuchar a la sociedad organizada.