Columnista Invitado

Elecciones y crisis en Venezuela

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Víctor Borja Terán
 
La convocatoria a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año gestionada por Nicolás Maduro, originalmente prevista para fines del 2018, no es más que una ilegítima maniobra política para imponer indefinidamente su dictadura castro-chavista. El Consejo Electoral, sometido a él, fijará la fecha de las votaciones para antes del próximo 30 de abril.

La peor crisis económica y social de Venezuela y la convocatoria anticipada a elecciones, sorprenden a una oposición, expresada en la Mesa de la Unidad Democrática, dividida, sin liderazgo y sin metas. Quién dirige la oposición, qué hay que cambiar y a dónde va el país, son preguntas que un pueblo sin fuentes de trabajo y desconcertado no tiene respuestas. Falta una cabeza y un grupo de dirigentes que, sin intereses subalternos personales, de grupos o de partidos, conduzcan al pueblo venezolano al progreso y libertad. En Venezuela se desconfía de los políticos y de los partidos de todo signo. Salvo las iglesias, las instituciones venezolanas tienen pequeña significación y trascendencia, igual que la dirigencia política, según las entrevistas que los canales internacionales de televisión hacen en las calles.

Según un valioso estudio de Datincorp Venezuela, 2.8 millones de venezolanos abandonaron su país, pues el 59% de los hogares tiene al menos un miembro del grupo familiar íntimo fuera del territorio nacional. La comisión especializada del Parlamento de mayoría opositora, informa que la inflación acumulada del 2017 fue de 2.616% y que el salario mínimo integral es igual a 6 dólares en el mercado negro, existente por la falta de divisas y el control de cambios vigente. El Fondo Monetario Internacional dice que el PIB tuvo una caída del 12% en ese año y será del 6% en el presente. Esta breve información demuestra que la situación social y económica en Venezuela es insostenible.

Independientemente del descalabro anotado, sorprende la falta de resultados en República Dominicana de las prolongadas negociaciones del gobierno con la oposición en la comisión bipartita aupada por el expresidente socialista de España, Rodríguez Zapatero; a quien, aparentemente, no le afectó la violenta expulsión de Venezuela del embajador de su país, como sí le inquietó a la delegación mediadora mexicana que se retiró de las sesiones.

Nuestro gobierno y los de América no pueden callar ante la crisis venezolana, la represión por las protestas, muertos y presos políticos que reporta el periodismo independiente. Con las normas de la Carta de la OEA y otras más, bajo prevenciones, deben exigirle a Maduro respetar los derechos humanos de los venezolanos, que están sobre el principio de gobernanza internacional de no intervención en los asuntos internos de los países.