Para la educación general el 2011 fue un año de continuidad de algunas políticas positivas de acceso, pero enmarañado, sin novedades significativas ni logros relevantes en otros ámbitos. Tanto los éxitos cuanto los pendientes son noticia conocida. El alto acceso a los primeros años de educación básica ya no es una nueva. Los viejos problemas de abandono escolar, rezago y calidad educativa persisten.
El hecho más destacado del primer semestre de año fue la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI. Los sucesos del segundo fueron la reforma al bachillerato y la presentación de los estándares de calidad por parte del Ministerio de Educación MinEduc.
Hubo pujas, apresuramientos e inconsistencias. Se observó el angustioso navegar de un MinEduc con buenas intenciones, pero sin tiempo, con algunas flaquezas técnicas, sin una adecuada estrategia política y acosado por las urgencias de múltiples frentes, procesos y actores: la exigente y atemorizante mirada de la presidencia, la resistencia del gremio y del movimiento estudiantil, el juicio político de la Asamblea, la crítica de la sociedad civil y las disposiciones irreales de la LOEI.
El ejemplo más claro de este problema fue la aplicación de la reforma al bachillerato ordenada por la Ley en marzo para que se la ejecute en septiembre. Así tal “transformación” sin el suficiente debate académico ni consenso político y menos con la preparación adecuada de los operadores, instituciones educativas y docentes, arrancó accidentadamente en medio de la preocupación colectiva y del aparente beneplácito de Carondelet.
Lo anterior revela la limitación del régimen de mudar de la agenda exitosa en acceso hacia la de retención y sobre todo a la de calidad. Este no solo es un problema técnico evidenciado en la dificultad, luego de 5 años, de cuajar una propuesta, sino político y de gestión. La política de calidad debería provenir de un consenso social, de un debate académico amplio con actores claves y de un modelo de gestión en el que no prime el centralismo, la premura, ni el eficientismo: una cosa es hacer carreteras y otra crear modelos pedagógicos.
El 2012, año electoral, es el peor escenario para desarrollar una agenda educativa seria. La lógica electoralista usaría las políticas para obtener resultados espectaculares, monumentalistas y “vendibles” en campaña.
La ciudadanía en el 2012 debe impulsar al MinEduc y a todos los actores a desatar procesos sustantivos: evaluación del Plan Decenal y de la gran inversión (cuánto, cómo y en qué se ha gastado); construcción social del nuevo Plan General a la luz del Buen Vivir y de los Derechos Humanos; bajo el mismo enfoque elaboración de indicadores educativos, perfiles de formación docente y revisión de los currículos. Esto es ir contra corriente, pero hay que hacerlo.