Lolo Echeverría Echeverría

Promueven el caos

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La Ley de Justicia Laboral ha violado la Constitución, que obliga a establecer en el Presupuesto del Estado y entregar oportunamente al IESS la contribución obligatoria del 40% de las pensiones de jubilación. Si los asambleístas hubieran reducido la participación del Estado al 1%, o menos, en lugar del 40%, se habrían mantenido en el ámbito de sus atribuciones. Pueden cambiar la ley, pero no la Constitución.

La Ley de Justicia Laboral es inconstitucional, por la forma y por el contenido, dictaminaron tres expertos, los doctores Julio César Trujillo, Fabián Jaramillo y Joaquín Viteri, en un panel realizado esta semana. Trata al menos cinco temas cuando la ley obliga a tratar un solo tema, restringe derechos de los trabajadores y viola normas expresas establecidas en la Constitución.

Si los caminos ordinarios para impedir la imposición de leyes contrarias a la Constitución están cerrados, los ciudadanos pueden apelar a las formas de democracia directa. Los ciudadanos tienen derecho a presentar proyectos de ley, el derecho a ser consultados y el derecho a revocar el mandato de los representantes que ha elegido. Son las tres formas de democracia directa que tiene nuestro ordenamiento jurídico.

La Corte Constitucional, lo dicen todos, está subordinada al Ejecutivo igual que la Asamblea que ha aprobado la ley viciada. Solo queda la posibilidad de la revocatoria del mandato.

Los asambleístas, cuya revocatoria se ha solicitado, apelan a un reglamento expedido por el Consejo Nacional Electoral, también subordinado, que recorta el derecho de los ciudadanos al someter la motivación de la revocatoria a calificación previa, requisitos y formalidades que dejan finalmente la decisión al capricho de los funcionarios, cuando la Constitución dice que los derechos son de directa e inmediata aplicación.

Cuando las autoridades sobrepasan los límites y le privan al ciudadano de la posibilidad de ejercer los caminos ordinarios para reclamar y exigir sus derechos, incluso las garantías de la democracia directa, son las autoridades las que están promoviendo el caos en el país. Los ciudadanos no pueden ser obligados a cumplir leyes inconstitucionales por la fuerza.

Que nadie le ha quitado el 40% de las pensiones al IESS es la palabrería hueca en la que se ampara el partido político que gobierna, y ese discurso han adoptado todas las autoridades puestas por el partido; pero nadie ha respondido por qué incumplen el mandato constitucional que dice que deben entregar la contribución estatal, cada año, oportunamente, estableciendo esos recursos en el presupuesto nacional.

Han cambiado la obligación de aportar el 40% por la promesa de entregar el 100% cuando sea indispensable. Por desgracia, poco valor tienen las promesas cuando no es confiable la palabra de quien ofrece y nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir la promesa.