Miguel Rivadeneira

Qué se quiere del 2016

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¿Qué se quiere del 2016, año electoral, el caos y la confrontación en lugar de resolver la crisis económica? Daría la impresión que importaría poco el futuro del país cuando se evade enfrentar con responsabilidad la aguda situación que se vive. Importan poco el diálogo, la búsqueda de soluciones pragmáticas, no demagógicas; la tolerancia, la paciencia y la armonía de las que tanto habla el papa Francisco y aquí se burlan.

Se quiere desde el poder tener entretenidos con otras enmiendas constitucionales, cuestionadas entre ellos mismo, mientras la crisis económica agobia a los ecuatorianos. Se ofrece incentivos a las empresas que mantengan los puestos laborales, que es positivo, pero se mantiene la desconfianza, con terquedad y capricho, con la insistencia de los proyectos de herencias y plusvalía, que generan resquemores y son rechazados en el país.

En lugar de reducir con mayor drasticidad el gasto público, no se quiere asumir un plan responsable de recuperación para corregir las distorsiones y los desajustes que existen. Aumenta la burocracia. Según datos oficiales del INEC, en los últimos 8 años de Gobierno el número de empleados públicos creció nada menos que el 56% y no todos son policías, militares, profesores ni médicos. No se puede hipotecar a las futuras generaciones con más endeudamiento externo, que tanto criticaban y hoy recurren para paliar la situación.

Quieren vender al país el fantasma de la desestabilización, igual que lo hace el fracasado Gobierno de Venezuela, que mantiene en la miseria a su pueblo y con la mayor inseguridad ciudadana. El discurso encontró la muletilla y acusa a la restauración conservadora, sin responder que en la actual administración hay representantes del sector que critican y que sirvieron a regímenes anteriores. Mantienen la crítica al pasado cuando hoy ya representan eso y son parte del problema y no de la solución del mismo.

Se quiere mayor confrontación en las calles con el aparecimiento de infiltrados (nacionales o extranjeros de acento caribeño) que se incluyen en las manifestaciones y en nombre de las protestas agreden y dejan heridos a los uniformados -lo cual es condenable- pero no todos son tomados presos, con la complicidad de la Policía que, a su vez, aprehende a quienes vienen atrás, en el ejercicio constitucional del derecho a la resistencia y a la libre circulación y la justicia obsecuente al poder actúa diligentemente y los sanciona.

La instancia constitucional no funciona para los reclamos ciudadanos, pese a que la norma superior le obliga. Solo al oficialismo le dice sí con diligencia. Ejemplo: no responde a las demandas de inconstitucionalidad de las últimas reformas laborales, al seguro social y los acuerdos y resoluciones ministeriales, que son normas secundarias y no pueden estar sobre las leyes, que fueron aprobadas hace 9 meses. La justicia que tarda no es justicia.