León Roldós

La desclasificación de documentos

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Llamadas insistentes e invitaciones a entrevistas sobre las actas y grabaciones desclasificadas del archivo del Consejo de Seguridad Nacional, de sesiones de ese Consejo previas a la muerte de Jaime y Marta, y sus compañeros de vuelo, el 24 de mayo de 1981, y una sesión posterior, en la cual el ministro de Defensa Nacional, Fernando Cordero, el reciente lunes 11 de mayo, entregó para análisis de los hermanos Roldós Bucaram y de quien suscribe esta columna, me llevan a escribir sobre la citada desclasificación y la entrega efectuada.

La desclasificación se habría producido mediante resolución del 1 de noviembre del 2013, del entonces ministro de Coordinación de Seguridad, vicealmirante Homero Arellano Lascano.
Yo estuve en las sesiones anteriores al 24 de mayo de 1981, como Presidente de la Junta Monetaria, y en la posterior como Vicepresidente de la República.

Vamos a analizar con mis sobrinos Martha y Santiago, que están en Guayaquil, el próximo fin de semana, el material recibido. Los textos escritos están muy borrosos, pero vamos a escuchar las grabaciones.

Lo pedido por Martha, Diana y Santiago Roldós Bucaram no se limita a lo recibido, sino que se extiende a más documentación referente a instrucciones y comunicaciones que deben existir en el Ministerio y en los archivos de la Fuerza Terrestre y de la FAE, sobre el desmantelamiento del avión siniestrado, sin diligencia ni acta previa de su estado en el sitio de la tragedia, la llevada de las piezas del avión a Quito, lo sucedido con el personal que trasladó a la capital esas piezas, la elaboración de informes para dar una explicación al Ecuador, el no inicio oportuno del proceso penal: y, luego del informe de la Policía de Zúrich, que estableció una afectación a turbinas del avión, el ocultamiento de ese informe, hasta que pudieron recabar de los fabricantes de las turbinas una autoliberación de responsabilidad.

Las dos comisiones legislativas que en su momento trabajaron en investigaciones sobre la tragedia aérea, la presidida por Otto Arosemena Gómez y la presidida por Víctor Granda Aguilar, tuvieron algunas limitaciones para su trabajo. La recopilación y lo trabajado por Víctor Granda es muy valioso.

No excluimos a la CIA ni a los actores del Plan Cóndor de responsabilidad alguna. Creemos que la administración Reagan facilitó coberturas de acciones contra actores de América Latina que no se le alineaban en la región, pero sin hilos conductores todo se puede quedar en fraseología.

Con el fiscal Galo Chiriboga hemos conversado de un plan serio y ordenado de investigaciones y de recopilación de material en el Ecuador y en el extranjero.

Ni con anteriores gobiernos ni con el actual enajenamos nuestro apego a la verdad, agrade o desagrade.