Miguel Rivadeneira

La discordia por La Concordia

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
12 de December de 2011 00:05

Es bueno curarse en sano y prevenir los hechos lamentables que pudieran darse con ocasión de la próxima consulta popular en el cantón de La Concordia. Este es un caso del pasado que no pudieron solucionar las autoridades de turno y que se arrastra en medio de la desatención de las administraciones nacionales y seccionales de Esmeraldas, a la que pertenece. Tanto se descuidaron hasta llegar a esta situación, que puede tener consecuencias graves si no se actúa con responsabilidad.

Si fallaron en el pasado también se registran errores en el presente. Cómo es posible que se llegue a la consulta con el incumplimiento e irresponsabilidad de la Corte Constitucional (CC), como se deduce de los considerandos del decreto ejecutivo 946, que señala que ante la falta de respuesta de este ente se entiende que el dictamen ha sido favorable.

La CC ha sido diligente en otros casos de interés oficial, incluso para facilitar la libertad de un sentenciado a 16 años de reclusión por violación a una menor, proceso en el que se agotaron todas las instancias judiciales y por tanto hubo sentencia ejecutoriada. La CC ha sido lenta para responder a este pedido de consulta, al igual que para aclarar el presunto soborno con las pruebas de cheques de la Cervecería Nacional, cuya instrucción fiscal está en marcha y seguramente esperarían que cambie de Corte Nacional para que les liberen de culpa.

Si bien el art. 147 de la Constitución otorga la posibilidad de convocatoria a consulta popular, no es menos cierto que el art. 104 señala que en todos los casos (sin distingo) se requerirá el dictamen previo de la CC sobre la constitucionalidad de las preguntas, que no hubo.

Según el art. 105 de la Ley de Garantías Constitucionales, si la CC no resolviere sobre la convocatoria, dentro de 20 días siguientes a haber iniciado el respetivo control previo, se entenderá que ha emitido informe favorable, pero esta omisión dará lugar a sanciones administrativas. ¿Cuáles son los responsables y qué sanciones les imponen o contribuyen a la impunidad reinante, que tanto criticaron?

Más allá de la constitucionalidad y la legalidad, que son importantes, preocupa lo que pueda ocurrir antes, durante y después de la consulta. Lo grave de todo es que la disputa de dos provincias (Esmeraldas y Santo Domingo) sea por mantener bajo su jurisdicción a La Concordia cuando durante décadas fallaron en su atención y dejaron en abandono.

Dejen en paz a los ciudadanos de este cantón para que libremente se expresen, sin presiones, a qué provincia desean pertenecer y cualquiera que sea el resultado, de darse esta consulta, que sea para beneficio, bienestar y mejoramiento de sus habitantes. Basta de jugar con el destino de los pueblos, con alienación política y propagandística y que La Concordia deje de ser una discordia.