Sebastián Mantilla

Discapacidades

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11 de September de 2012 23:56

El pasado domingo entró en vigencia la nueva Ley de Discapacidades. Luego de varios meses de debates, reformas y cambios, el país tiene finalmente un marco jurídico que permita garantizar y salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque el trabajo que ha venido realizando el vicepresidente la República, Lenín Moreno, a través del programa Misión Manuela Espejo ha sido destacado, todavía hay mucho por hacer en términos de las discapacidades. En ese sentido, la nueva Ley de Discapacidades va a ayudar.

Ecuador es uno de los cinco países de América Latina con mayor número de personas con discapacidad. Honduras (14%), Perú (13%), Brasil (12,5%), Nicaragua (12,5%) y Ecuador (12,4%). Esta cifra es sustancialmente mayor comparada con otros países como Uruguay (7,3%), México (5,71%) o Argentina (6,9%). De acuerdo al último censo, 800 000 ecuatorianos tienen algún tipo de discapacidad.

Según Naciones Unidas, la situación de las personas con discapacidad se agudiza cuando tomamos en cuenta que apenas el 3% tienen acceso a programas y servicios de rehabilitación. De acuerdo al Conadis, 80% de las personas con discapacidad no cuentan con ningún tipo de seguro. De las que sí cuentan con uno, 11% está asegurado al IESS y 8% al seguro campesino. Apenas el 20% de la población infantil asiste a una escuela. De todos quienes han logrado acceder al sistema educativo, solo el 5% finalizan la primaria. En el ámbito laboral, gran parte de las instituciones públicas y privadas del Ecuador no cumple con un número mínimo de personas con discapacidad.

Esta situación es realmente alarmante. Por ello lo que hay que hacer en el ámbito de las discapacidades es inmenso. La nueva ley establece como deber del Estado y sus diferentes niveles de gobierno la creación de políticas cuyo fin sea la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, la garantía de sus derechos a través de la dotación de servicios en salud, educación, cultura, deporte, recreación, trabajo, capacitación, vivienda, seguridad social, accesibilidad al medio físico y transporte público. De igual modo, se establecen consideraciones especiales para las personas con discapacidad como tarifas preferenciales de servicios, exenciones arancelarias y tributarias.

Sin embargo, hay algo que debe tomarse en cuenta: la discriminación que sufren. Esto nos compete a todos, ya que buena parte de esto se produce por desconocimiento y fuertes prejuicios. Dar un giro en este sentido implica considerar la inclusión total, en donde el que debe adaptarse no es la persona con discapacidad sino la sociedad como tal. Esa es la gran revolución que todavía está por hacerse.