Febrero 15: jóvenes que se han tomado el gablete de la puerta de acceso a su centro de estudios dejan caer ladrillos, piedras, tarros de acero y leños sobre hombres de negro.Febrero 16: Hombres de negro bombardean un colegio con granadas lacrimógenas e incursionan en los patios, donde hay chicos en pupitres.
Del vandalismo de un grupo de estudiantes y del exceso policial, en las protestas del Montúfar, ha de hacerse cargo la Justicia. Sí, que se lea bien, nada excusa esa violencia.
Sin embargo, hay que decirlo, resulta impresentable utilizar ese vandalismo para ocultar el autoritarismo con el cual se trató un asunto que atañe a una comunidad educativa y que causó crisis: la salida de 16 docentes, sin explicarla a 3 000 estudiantes de un colegio público donde se forman jóvenes con sentido crítico del sur de Quito.
El Presidente del Consejo Estudiantil del colegio pregunta: ¿Cuál fue el criterio para desvincular a los “mejores docentes que tiene la institución (incluso una se encuentra fuera del país con una beca)” o simplemente lo hicieron “por no pertenecer a la Red de Maestros” creada por el Gobierno?
Qué discurso tan pobre. Manipulados. Son las respuestas de un Ministro. ¿Y el Código de la Niñez? El interés del niño y adolescente es un principio superior para el ejercicio de sus derechos; mandatorio para autoridades (artículo 11). Los adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten (artículo 60).
Letra muerta. El Ministro, que habla de una auditoría, lo deja claro: Hay “una inyección sistemática de odio en los estudiantes”.“Es evidente que se ha ido construyendo una cultura de violencia al interior del plantel”. ¿En serio? ¿Hay una cultura de violencia en un colegio que ha servido como set de sabatinas?
¿Así se resuelve un conflicto?Después de nueve años es insostenible plantear que los jóvenes están listos para votar, pero son ‘manipulados’ para demandar derechos. En el siglo XXI, el autoritarismo y la punición policial ya no son sinónimos de educación.