Columnista Invitado

Inmobiliar y expropiar

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Diego Ordóñez
Para acomodar a la burocracia que se es frondosa, el Gobierno no ha escatimado en gastos. No solo en adecentar y modernizar sus instalaciones, sino en hacerse de nuevos espacios físicos para mayor comodidad, seguramente; o porque los actuales son pequeños y no tienen buena vista, seguramente. Por eso me explico que el Consejo de la Judicatura haya pagado aproximadamente 10 millones de dólares para mudarse a un edificio más bonito y mejor ubicado que el que ocupaban. Eso también debe explicar que se construya una “plataforma” –pomposo nombre- que añade aproximadamente 200 millones más a la deuda pública. En estos edificios nuevos se agruparán Banco Central, SRI, Biess, Senae y otras entidades. Todas ellas funcionan en algún edificio que será abandonado, que ya es grave; o en el que agolpará más burocracia, que también es grave.

El Gobierno creó una entidad que se llamaba Inmobiliar, ahora se llama Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, para administrar los edificios en los cuales funcionan entidades estatales y para que asuma el control de los inmuebles remanentes del feriado bancario. 572 empleados hacen esa tarea. Harto el número de burócratas, pero que no han podido enajenar –que era su propósito- los inmuebles que quedaron a su cargo. En su página web muchos aparecen todavía en venta.

Dejando de lado la crítica al crecimiento desmesurado de los empleados estatales, habría sido lo obvio que se ocupen esos edificios u oficinas que no han sido enajenadas y se ahorre en expropiaciones. ¿Era realmente necesario que el Consejo de la Judicatura se mude a un costo tan elevado? ¿Es justificable afectar el patrimonio de los dueños de los predios expropiados? ¿Es realmente necesario que se construyan nuevos edificios para entidades que ya ocupan otros a un costo tan alto?

El problema de la abundancia es que induce al derroche. Y el derroche empobrece. Si se creó una entidad para administrar los inmuebles estatales se habría esperado mayor racionalización en el uso de los espacios y ahorros en la expansión física. El Gobierno ha creído en fortalecer el Estado y el derroche se nota.

El predio en el que se construye la “plataforma financiera”, para agrupar a varias entidades estatales, debió venderse o mantenerse en arriendo. Actuando con sentido de austeridad y de prudencia, se debió ahorrar en el costo de construir y añadir densidad de espacios ocupados en una zona que carece de suficientes vías y parqueaderos. Otro elefante blanco será. Otra megaobra que servirá de monumento al despilfarro.

En carencia de fiscalización y de rendición de cuentas, y en curso una reforma constitucional para retirarle a la Contraloría la fiscalización sobre pertinencia del gasto, estas expropiaciones y obras innecesarias, a costos altos en perjuicio del Erario, no son investigadas. En tanto, por lo menos sea un límite de la certeza de que el cuerno de la abundancia se secó.